El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) remitió ayer a la Contraloría General de la República (CGR) el pedido de reconsideración y revocación del dictamen de auditoría por el que el ente contralor recomendó, por sendas irregularidades, declarar desierta la licitación y, por ende, cancelar el proyecto de modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi, que se encara bajo la modalidad de alianza público-privada (APP) y que tiene al consorcio Sacyr-Agunsa como virtual ganador.
Sin embargo, pese a que el MOPC había asegurado que acataría el dictamen de la Contraloría porque lo consideraba vinculante, y más aún teniendo en cuenta que el mismo presidente Horacio Cartes se mostró a favor de abortar la iniciativa, la cartera estatal ratificó que no se puede dejar de lado la obra.
La nota del MOPC, que consta de 28 páginas y es dirigida al contralor Enrique García, fue firmada en solitario por el ministro Ramón Jiménez Gaona. Entre sus principales puntos expresa que el hecho de declarar desierta la licitación o volver a realizarla desde un inicio para incorporar una etapa de precalificación (como sugirió la CGR), pondría en tela de juicio la seguridad jurídica del sistema paraguayo.

También se dañará irreparablemente la imagen de Paraguay mirando las futuras obras e inversiones, al riesgo de ya no atraer la atención de empresas o consorcios prestigiosos, añadió.
El texto agrega que la Contraloría expuso argumentos superficiales y que dar cumplimiento a su dictamen traería un enorme costo económico por postergar por tiempo indeterminado la adjudicación del proyecto y la puesta en marcha de la operación del nuevo aeropuerto.
La Contraloría ya había adelantado que no reverá su dictamen.
FUNDAMENTOS. Jiménez Gaona indicó que el acto administrativo emitido por la CGR adolece de vicios graves en sus elementos esenciales, causa y motivación, que podrían llevar a esta administración a incurrir en arbitrariedad, en caso de acatar las recomendaciones.
Añadió que la entidad contralora se ha extralimitado en el ámbito de su competencia, al entrar en el análisis y emitir conclusiones respecto de cuestiones técnicas y de procedimiento que están más allá de las que la ley le asigna. La competencia de la Contraloría recae en la fiscalización y control del patrimonio del Estado, para cotejar el buen uso del presupuesto y el dar recomendaciones técnicas en una licitación de APP no es su atribución, apuntó el ministro. Este proyecto, al contrario de generar un daño al patrimonio, hará que el Estado reciba un canon, justificó.
Precisó que la incorporación o no de una etapa de precalificación es facultad que otorga la Ley de APP a la administración contratante. Exigir esta etapa le correspondía a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que participó en todo el proceso desde el inicio, indicó.
El MOPC remarcó que la CGR respaldó los motivos de descalificación del oferente Consorcio Cedicor-Caminos Viales del Uruguay, postulante que fue descalificado en el proceso técnico.
“Resulta inaplicable la recomendación de la CGR de declarar desierta la licitación, al existir aún ofertas válidas en competencia. Resulta inaplicable la recomendación de cancelar la licitación por ausencia de ningún tipo de daño al interés público, el que se configuraría de cancelarla simplemente para realizar una precalificación que no resulta necesaria ni es obligatoria a la luz de la ley aplicable”, concluyó.