De acuerdo con la Resolución 540 del MIC, el monto impuesto equivale al 10% sobre el total del valor de bienes en infracción de la carga que sí ha dado cumplimiento a la exigencia de autorización sanitaria expedida por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y que no cuenta con licencia previa expedida por el Ministerio de Industria, informó el periodista de Última Hora César Larré.
Asimismo, corresponde al 20% sobre el valor de los bienes en infracción de la carga que no ha dado cumplimiento a la autorización sanitaria de Senacsa y que tampoco cuenta con licencia previa expedida por el MIC.
Según un informe de prensa dado a conocer por el Ministerio de Industria, la reglamentación dictada se da en cumplimiento del Decreto 8153/06, el cual establece como requisitos para la obtención de la licencia previa para importación de carne el certificado de inscripción en el Registro de Importadores de carne, la autorización de importación expedida por Senacsa y la factura proforma de importación.
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Añade que una vez cerrado el plazo para las presentaciones de pruebas de descargo, se concluyó que de los 293 despachos de importación, correspondientes al periodo del 1 de enero al 7 de mayo de este año, ninguno contaba con la licencia previa de importación emitida por el MIC.
Acota que del total de despachos sometidos a sumarios, 162 contaban con la autorización sanitaria del Senacsa, mientras que los despachos restantes no tenían la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. El valor total de las cargas importadas fue de USD 20.038.260,04.
Con esta decisión, son tres los frigoríficos sancionados por, supuestamente, transgredir la exigencia de contar con licencia previa para la importación de carne, emitida por el Ministerio de Industria.
La multa aplicada al Frigorífico Guaraní asciende a la suma de G. 379.603.073; en tanto que All Food fue sancionada con una multa de G. 1.032.918.455.
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La investigación contra el Frigorífico Concepción por contrabando de carne bovina se inició luego de que el 2 de mayo cayeran seis camiones con 180 toneladas del producto e ingresaron al país desde Brasil por la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, sin ningún control del Senacsa, institución encargada de verificar si es apta para el consumo.
Fueron imputados el dueño del frigorífico, Jair Antonio De Lima, y otras siete personas. A raíz de este caso fueron destituidos el ministro de Agricultura, Marcos Medina y el director de Aduanas, Nelson Valiente.