No solo la comunidad futbolística, también la sociedad paraguaya, quedó estupefacta ante la implacable acción de los Estados Unidos en torno al presidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout. Su imprevisto arresto en Suiza y la tramitación de su extradición al país del Norte importan, sin embargo, un claro mensaje que el Gobierno paraguayo no debería permitirse el lujo de desoír.
La corrupción en el negocio del fútbol se ha convertido en una cuestión de alta política criminal para el gobierno del presidente Barack Obama. Quien está investigando el affaire no es el fiscal de un remoto condado de algún estado perdido de la Unión; es nada menos que la fiscala general de los Estados Unidos de América, Loretta Lynch.
El Gobierno paraguayo, sin embargo, parece haber tomado sin la debida seriedad del caso la cuestión de marras, llegando a mostrarse remiso en facilitar la extradición del ex titular de la Conmebol, Nicolás Léoz, unido por múltiples vínculos de amistad con el presidente Horacio Cartes.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppDesde el principio, quedó en evidencia que el Poder Ejecutivo habría emitido ciertas señales a nuestra influenciable Justicia –si es que esta existe– para que se fuera relativamente complaciente con el veterano y cuestionado líder futbolístico. Arresto domiciliario de blando régimen y escaso control, y alegatos sobre la elevada edad del extraditable, fueron esgrimidos para dar a entender a la opinión pública de que su remisión a los Estados Unidos sería harto improbable.
Washington tomó rápida nota de la solapada protección al controvertido ex presidente del máximo organismo del fútbol sudamericano. A partir de allí, dispuso un mecanismo milimétricamente diseñado para asegurarse que el siguiente encausado, Juan Ángel Napout, corriera con menos chances de eludir los mandatos de la Justicia estadounidense que su anciano predecesor.
Así, en medio de la oscuridad de la noche, sin orden de captura internacional de por medio para evitar que su acción fuese advertida, se procedió a la rápida detención del señor Napout en el distinguido hotel de Suiza en el que se encontraba alojado, en el marco de su participación en un encuentro de la FIFA. La operación fue quirúrgica y dejó con la boca abierta a las autoridades paraguayas, que ya no tenían excusa –ni la tendrán en el futuro– para intentar evitar que uno de sus amigos fuera sometido al brazo de la Justicia de la primera potencia mundial.
Distendida, en Washington DC, Loretta Lynch proclamaba horas más tarde: “Es una tragedia que el sistema de corrupción se haya mantenido. Hay quienes esperan evadir esta investigación. No escaparán”.
Yo, si fuera el Gobierno, no tomaría estas palabras a la ligera. Tampoco expondría, en un obcecado intento por proteger a los amigos, la relación bilateral con la nación más poderosa del planeta por una causa que no tiene defensa posible ni argumentos justificados para exonerar a sus protagonistas de la responsabilidad que les concierne. Lo de Napout no fue obra del azar. Es de esperar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial realicen una lectura correcta de la cuestión. De lo contrario, puede ser todo el país el que sufra las consecuencias.