Por Iván Lisboa
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Entre los años 2000 y 2015 se destruyeron 366.319 hectáreas de manera anual en nuestro país, siendo la expansión de la producción sojera una de las principales causantes, según datos de las Naciones Unidas y del Censo Agropecuario.
La interrupción de este proceso de deforestación masiva, sin embargo, tropieza con la negligencia fiscal y judicial. Esta tesis es sostenida por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que realizó un análisis de 31 carpetas de procesamientos de personas por la supuesta comisión de delitos ambientales, en contravención a lo estipulado en las leyes 716/96 y 2524/04.
El estudio realizado por la institución examinó el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial entre el 2000 y el 2014, en el que encontró numerosos y absurdos errores procesales que permitieron que se sigan deforestando los bosques nacionales y no se sancione a los responsables.
La mala actuación fiscal y judicial que sobresale en el informe abarca desde aspectos muy simples, como incumplimiento del plazo para poner al imputado a disposición del Juzgado, defectos de redacción al formular la imputación y desconocimiento de la diferencia entre crimen y delito; hasta detalles más complejos como diligenciamiento defectuoso y emisión de resoluciones judiciales sin fundamentos, entre otros (ver info).
Tras este análisis pormenorizado, Inecip concluye que las investigaciones se tramitaron con una absoluta desidia por parte de los órganos que deben castigar delitos contra el medioambiente, especialmente, la deforestación de bosques de la Región Oriental.
“Del estudio de la mayoría de estos expedientes se desprende el desconocimiento de los alcances de normativas procesales y de fondo por parte de los operadores de justicia”, añade el informe.
IMPUNIDAD. El director del Inecip, abogado Juan Martens, afirmó que el informe detalla que la deforestación está ligada a la impunidad, que es responsabilidad de fiscales y jueces.
“La mala actuación de fiscales y jueces es lo que permite que la deforestación continúe. Esta investigación científica concluye que van a continuar los delitos hasta que los órganos estatales sancionen a los responsables”, expresó.
Señaló que llaman la atención los graves y elementales errores en los casos, los que generan dudas acerca de si hay un desinterés en investigar o si hay corrupción.
“Si un fiscal decide dejar una evidencia (rollos de madera) en la propiedad de una persona que está siendo investigada y luego esa evidencia desaparece, esa persona no puede ser fiscal, no está cumpliendo su rol de representante del Estado”, añadió.
EXAMINARÁN ACTUACIONES. Desde el Poder Judicial y el Ministerio Público dijeron desconocer la denuncia, pero aseguraron que examinarán las actuaciones una vez publicado el informe.
El director de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche, comentó que son habituales las denuncias contra magistrados, pero prefirió no opinar sobre estos casos hasta analizar los expedientes.
Por su parte, el fiscal adjunto de Medio Ambiente, Jorge Sosa, mencionó que si bien está al tanto de que será presentado este estudio, no conoce los motivos que hicieron llegar a estas conclusiones. “Es normal que haya quejas contra agentes, pero vamos a esperar que salga el libro para poder analizar caso por caso”, manifestó.
LIBRO. Este informe realizado por el Inecip será presentado en un libro el próximo 12 de abril. El acto será en la Bicameral del Congreso.
La idea de la institución es entregar copias a las autoridades encargadas de analizar las actuaciones fiscales y judiciales, para que puedan tomar medidas y frenar el avance de la deforestación.
