Paulo Speller, secretario general de la OEI, en una reciente visita a Paraguay, dijo que tiene que haber más recursos públicos destinados a la educación y que estos deben ser utilizados con mayor eficacia.
El experto internacional repitió algo que en los sectores de la educación y de la sociedad se viene repitiendo hace rato con la plena conciencia de que a la cantidad hay que sumar la calidad. De nada vale contar con dinero suficiente para construir aulas cómodas y dignas si los contenidos educativos y sus correas de conexión —los docentes— continúan siendo pobres.
Si el Poder Ejecutivo quiere que su lucha contra la pobreza sea eficaz y no se diluya con más pena que gloria en un asistencialismo al que aún le falta el soporte de la sustentabilidad en el tiempo, debe convencer a las demás instancias del Gobierno —el Parlamento sobre todo—, de que la educación es un componente de gran relevancia estratégica para disminuir la inequidad social e incluir a los sectores que hoy están marginados del beneficio del derecho humano a una vida digna.
El punto de llegada 2021 tiene aristas muy ambiciosas, como corresponde. Un país que fue acostumbrado por sus líderes a contentarse con poco y con lo menos, tiene que salir de su cascarón conservador para pensar en grande: apuntar al cielo para llegar, cuanto menos, a las estrellas.
Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación, universalizar la educación primaria y secundaria al tiempo de ampliar la educación superior, mejorar la calidad de la educación y el currículo, profesionalizar al docente, destinar más dinero a la educación mejorando su uso y conectar educación y empleo son algunas de las metas previstas.
Para que ese cúmulo de buenas intenciones expresado en el papel halle su correlato en el plano de lo real tendrá que correr aún mucha agua bajo el puente. Los primeros que tendrán que tomar conciencia de la necesidad de asumir la educación como una de las obligaciones principales de la República deben ser los políticos.
A la toma de conciencia tendrá que seguir la adopción de medidas concretas que apunten al cumplimiento de las metas formuladas.
Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que lleva adelante la política pública del sector, tendrán que cargar sobre sus hombros —con lucidez y coraje— la enorme tarea de dirigir el proceso hacia la meta deseada. Los docentes, estudiantes y padres de familia tendrán que sumarse al ciclópeo compromiso.
La sociedad civil —sobre todo la organizada— tendrá que empujar desde abajo para que lo escrito no quede en simple expresión de deseos. La buena experiencia de la creación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la utilización del dinero que el Brasil paga por el uso del excedente de nuestra energía debe servir de base para la participación ciudadana.
El Paraguay se encuentra en una encrucijada, con desafíos que marcarán su futuro inmediato para bien o para mal. Si sus hijos eluden el compromiso y no apuestan hoy por la educación como la mejor vía para salir de la pobreza, se perderá una oportunidad que tardará mucho en volver a presentarse.