El operativo contra las redes de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp –continuidad de Tantalio, hecho en abril– fue desarrollada en 15 países, entre los que se incluye Paraguay. Las autoridades, por pedido de la Interpol, capturaron a Jorge Daniel Escobar Quiñónez (27) y Roberto Simón Rojas López (30), tras sendos allanamientos realizados en el barrio Kennedy de Caacupé y el barrio Virgen del Carmen de Ypané.
Del poder de ambos, agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros, de la División Especializada contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se incautaron de evidencias. En el procedimiento en Caacupé decomisaron un aparato celular, de la marca Nokia, modelo 521, color negro; un memory; y dos sim card, de dos telefónicas.
Asimismo, en Ypané, hallaron dos boletas de giros, uno de ellos por valor de G. 60.000; un disco duro de la marca Segate, con capacidad de 500 GB; junto con un aparato celular de la marca Sony, modelo ST27A, color negro, según los datos de los intervinientes.
La técnica de investigación utilizada fue la de observar que los abonados telefónicos estuvieran sincronizados o asociadas con alguna red social, logrando obtener los primeros datos personales. Posteriormente, se procedió a la búsqueda y localización de los sospechosos y la ubicación de sus respectivas viviendas para solicitar el mandamiento del allanamiento, cuyo resultado fue la incautación de las evidencias y la citación indagatoria de las dos personas sindicadas.
datos. Las investigaciones comenzaron cuando los agentes españoles hallaron en la denominada “internet profunda” un enlace a la aplicación de WhatsApp que les condujo hasta un chat en el que pedófilos de varios países de habla hispana intercambiaban pornografía infantil.
Entre los archivos distribuidos hay material “inédito”, es decir, imágenes que hasta el momento no han circulado por foros de pedófilos, por lo que los agentes están analizando su contenido para averiguar la identidad de las víctimas y los autores.
Según datos proveídos por la Policía española, algunos detenidos alegaron que su objetivo era infiltrarse en redes pedófilas para descubrir a sus miembros, algo que en España es ilegal, ya que toda descarga voluntaria de pornografía infantil es delito y solo los agentes están habilitados para visualizar y analizar este tipo de archivos.