La fotografía publicada en esta edición fue tomada hace cuestión de unos días.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) realizó para esta obra un primer desembolso de G. 403.977.200.
De acuerdo con un informe oficial, ese dinero se pagó a la oenegé Fundeapar, que contrató a la firma constructora Base SA, propiedad de Lucio Martínez Sotelo.
En el informe figura además que 42 familias serían las beneficiadas con el sistema de agua en esa zona.
Pero según fuentes de la institución agraria, en el lugar ni siquiera hay familias habitando.
Habría muchas más obras en estas mismas condiciones.
La semana pasada, ante las denuncias periodísticas sobre supuestas irregularidades en torno a los sistemas de agua, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert dispuso no aprobar nuevos proyectos de obras hasta que las concluidas sean sometidas a una auditoría externa.
El Indert transfirió millonarias sumas de dinero a dudosas oenegés, que a su vez contrataron a constructoras para la ejecución de obras de sistemas de agua potable en varias comunidades rurales.
Las transferencias de dinero provenientes del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) se hicieron mediante el rubro 800, que escapa a la fiscalización de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Las oenegés no solo tuvieron a su cargo la contratación –con dinero del Indert– de constructoras para hacer los sistemas de agua, sino también de los mismos fiscalizadores de esas obras. Esta información fue confirmada días atrás a este diario por el propio director general del Fides, Osmar Pérez.