No pasa un periodo presidencial para que un inquilino ocasional pretenda ser el propietario de la casa que habita temporalmente. Concibe la idea del poder como un espacio ilimitado del ejercicio del cargo y desde ahí comienza una permanente tarea de demolición de las instituciones, leyes y artículos constitucionales todo, con el beneplácito de una Justicia cómplice y servil a sus intereses. Si la norma dice que no podrá ser reelecto “en ningún caso”, este busca las coartadas más absurdas buscando ir contra la ley y el espíritu que movió su redacción. Si la norma afirma que solo será senador vitalicio, acude a las más absurdas interpretaciones para afirmar que hará lo que su audacia y temeridad le permitan. Si eso implica quema del Congreso, asesinato en un local partidario, muerte de jóvenes en la plaza, falsificación de firmas y, por supuesto, sometimiento a la Justicia en su forma más burda, lo hará porque si tiene poder y no se extralimita es como si pareciera que no lo tuviera.
Lo que no logran entender nuestros mandatarios es que, con este tipo de comportamientos, lo único que logran es el subdesarrollo del país, penúltimo en corrupción solo superado por Venezuela que ya es hoy un Estado fallido y ninguna garantía para los intereses y la propia existencia de los detentadores del poder de turno.
Creen que todo lo acumulado por métodos ilegales les será mantenido apenas pierdan el control y por esa razón hacen todo lo imposible para sostenerse en el candelero político local.
El daño a las instituciones les parece absolutamente intrascendente desde el momento que no comprenden su trascendencia y el respeto a la norma, una “expresión declamativa burguesa” que no importa a nadie.
Lo que no saben es que con estas provocaciones solo están allanando el camino a los personajes autoritarios que castigándolos a ellos terminan acabando con el sistema democrático. Los propiciadores se lamentan hoy de sus consecuencias y los hartos de las provocaciones que aplaudieron al castigador se lamentan luego las consecuencias del azote.
Venezuela es un excelente ejemplo de este proceso, donde los “demócratas” de pacotilla le hicieron la cama a Chávez primero y Maduro después para huir luego por millones buscando acabar con el remedio que fue peor que la enfermedad.
En Paraguay, el poder y el poderoso de ocasión deben respetar la norma que rige el Estado de derecho. Sin eso no hay garantías para nadie. Los ex presidentes que culminan su mandato no pueden ser miembros del Congreso con voz y voto a no ser que reformen la Constitución. Así hemos decidido en 1992 y la Justicia tiene la obligación de parar este deterioro de la democracia porque ella será su primera víctima.
Cartes ni Nicanor pueden ser candidatos y menos jurar como senadores porque la Carta Magna así lo impide. Buscar jueces a la carta es mofarse de la democracia y ellos dos –como nosotros– sabemos muy bien en qué se transforma un país cuando la ley no rige a todos por igual. Si no queremos dictadura no provoquemos el hastío ciudadano hacia la democracia. Están acabando con la paciencia de la gente. Hay que parar este deterioro y está en manos del Superior Tribunal Electoral y de la Corte Suprema poner punto final a esta abierta provocación a la insurrección popular.
Deben hacerlo no por solidaridad, sino por codicia. La soga los apretará a ellos primero y después a todos.
