05 abr. 2025

Ramírez Zambonini afirma que Calé es el que reclama su juicio político

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, rompió el silencio que mantenía sobre su acérrimo rival político, Juan Carlos Calé Galaverna. Ayer decidió hablar con la prensa en el pasillo del TSJE y dijo que el senador colorado aparece como el artífice de su posible destitución, vía juicio político.

“Supuestamente, el senador Galaverna está promoviendo esto, justamente la persona que se autoproclama autor del fraude contra el doctor Luis María Argaña, uno de los autores por lo menos”, dijo Ramírez. Se refirió a las internas coloradas de 1992, donde el ganador oficial fue Juan Carlos Wasmosy tras artimañas.

Visiblemente nervioso, Ramírez Zambonini explicó que Galaverna es el que actúa “contra una organización electoral que desde sus inicios ha tenido elecciones impecables e incuestionables”. Dijo que “ninguna organización de elección hecha por el TSJE ha sido cuestionada”. “Tenemos uno de los mejores padrones de América Latina, una organización electoral perfecta y justamente la persona que no tiene esos atributos es la que promueve”, refirió, aludiendo a su posible juicio político.

“Incluso está en su propia declaración sobre las internas coloradas de 1992”, dijo Ramírez, volviendo a recordar el tema del fraude.

JUICIO POLÍTICO. Preguntado sobre el posible juicio político en su contra, Ramírez dijo que tenía solo la versión periodística al respecto. “No tengo ninguna información oficial, no puedo anticiparme a eso”, expresó. Consultado si se va someter al juicio, expresó: “Desde luego. Todos los funcionarios que ocupamos estos cargos siempre estamos expuestos al juicio político desde el día que ocupamos”. Se le preguntó sobre la habilitación de la candidatura del ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, y del suplente de diputados de Amambay, Carlos Chicharõ Sánchez, ambos vinculados al narcotráfico. Indicó que las resoluciones están dentro del marco legal. “No se puede inhabilitar a nadie si no tiene condena firme. Es el requisito que pone la Constitución”, señaló.