La resolución establece que tanto el servicio de protección que brindan las fuerzas federales como la custodia se realizarán “las veinticuatro horas del día” en base a “criterios objetivos” como la función de la persona y las “hipótesis de amenazas reales”.
La medida se establece después de que en las últimas semanas se conociera que tanto el jefe de Estado como la vicepresidenta Gabriela Michetti o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibieron amenazas anónimas, en su mayoría vía telefónica.
Además, el pasado 12 de agosto un grupo de manifestantes abucheó y lanzó piedras contra un vehículo de la comitiva de Macri tras un acto en la localidad bonaerense de Mar del Plata.
La cartera de Seguridad estableció que el servicio de protección por parte de las fuerzas del Estado será “de carácter obligatorio y permanente” para aquellos miembros del poder Ejecutivo que se considere necesario.
Tanto este como la custodia serán coordinados por el jefe de la Policía Federal argentina y los recursos humanos y materiales que se destinen a ellos podrán ser “incrementados o reducidos” cuando “situaciones de excepción eleven o minimicen” la posible amenaza. efe