A fines de 2013 se aprobó una de las leyes más importantes del país en materia económica. El proyecto fue elaborado por el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti y aprobado durante los primeros meses de gobierno de Horacio Cartes: la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El principio de esta normativa es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica y preservando el equilibrio entre los ingresos y gastos.
Asimismo, fijó cuatro puntos básicos para el sector público: que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) no debe superar el 1,5% del PIB; que el incremento del gasto corriente primario (gasto total, excluyendo pago de intereses) no exceda a la tasa de inflación interanual más el 4%; que no se puedan incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario mínimo del sector privado; y, finalmente, que en años electorales, el gasto corriente primario –entre enero y julio– no sea mayor al 60% del presupuesto aprobado para ese año, excluyendo al Poder Judicial de esa restricción.
Para cumplir el tope del déficit fiscal fijado en la ley, el Ministerio de Hacienda cambió la forma en que medía las cuentas fiscales. Hasta el año 2014, utilizaba el “Manual de estadísticas de las finanzas públicas” del año 1986 del FMI, y desde el año pasado utiliza una versión del año 2001. Con esto, gastos que anteriormente incrementaban el déficit fiscal, fueron reubicados, por usar un término, y con ello el saldo negativo de las cuentas fiscales disminuyó.
El Ejecutivo pretende ahora que esta norma, que por fin permitió poner un tope a las apetencias de los legisladores en años electorales, sea cambiada. Ello, aunque apenas pasaron dos años y medio de su aprobación; y de que efectivamente empezó a ser aplicada recién desde el año pasado.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo para modificar la norma es permitir que el déficit fiscal pueda ser mayor cuando esté destinado a financiar inversiones. Discutible o no el fin de la intención, enrarece el ambiente la pretensión de cambiar algo cuya efectividad aún no puede ser medida en apenas un año de implementación. Respetar las normas establecidas es el principal punto para atraer inversiones y esto debería saberlo el Gobierno. Es necesario mantener las reglas claras si de verdad se pretende construir el país que todos queremos.