La Contraloría General de la República (CGR) aterrizó hace más de tres meses en la Cámara de Diputados para hacer un control sobre la gestión de los administradores del cuerpo legislativo en los periodos de 2016 a 2017 y preparará su informe final en 45 semanas. Sin embargo, llama la atención que para una entidad con más de 1.800 funcionarios y un presupuesto anual que insume G. 238.696 millones, solo se haya designado a cinco personas para el trabajo.
Hay que considerar que la Cámara es un monstruo estatal si consideramos que hoy tiene alrededor de 1.891 funcionarios entre permanentes y contratados. En lo administrativo tiene una Dirección General de Administración, y cuatro grandes direcciones que dependen de ella, entre las que está la de Recursos Humanos.
Precisamente, en estas áreas se va a fijar un mayor control, de acuerdo al pedido del propio presidente de la Cámara, Pedro Alliana, quien a su arribo como responsable del ente manifestó su sospecha de que varias áreas habían tenido despilfarro en materia administrativa. Combustibles, viáticos, bonificaciones, seguridad, entre otros, eran dichos rubros, además de viáticos y asignaciones de personal.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún uno de los auditores, Édgar Cáceres, quien actúa de supervisor de la tarea que realizan desde julio, la cantidad de auditores a su cargo y el tiempo que por resolución del ente de control tomará la auditoría en la Cámara se deben a dos aspectos. Uno tiene relación con la cuestión presupuestaria y otro a que, según él, la Contraloría atiende varios pedidos de control y debe organizarse de modo a atender todas las solicitudes.
Dijo que se podría subsanar con mayor presupuesto, tema que justamente depende de la Comisión Bicameral.
“Una de las limitaciones sería que los auditores llevan varias auditorías a la par, no solamente las que ahora realizan. Es decir, no se dedican exclusivamente a una auditoría. También está la falta de horas extras, ya que el horario es de 7.00 a 13.00 horas. Están otros aspectos como movilidad, y con eso y todo, tratamos de organizarnos. La de diputados es una auditoría de las muchas que tenemos”, finalizó.
Añadió que en volumen de presupuesto, la de Diputados no es la más grande.
Respecto al campo de acción de la auditoría y sus alcances, la Contraloría advirtió que están en pleno proceso de planeamiento.
“El trabajo se divide en el conocimiento y relevamiento de datos y se materializa en el plan de trabajo. De acuerdo con Contraloría, se establecen las áreas, las muestras y los plazos”, refirió el funcionario de Contraloría.
Las entrevistas respectivas con las autoridades que deben responder por el objeto auditado ya fueron realizadas. Una vez que haya un dictamen del ente, se pondrá a conocimiento de las partes para el respectivo descargo.
ANTECEDENTE. En la época de Víctor Bogado, este consiguió que por acción de inconstitucionalidad la Cámara Baja no fuese auditada. Además de Diputados, los accionantes preferían el trabajo del Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de la Corte Suprema, porque se trata de un ente más político y manipulable, a diferencia de la Contraloría, que realiza un trabajo técnico y cuenta con personal capacitado para el efecto.