Sin duda alguna, el trabajo que lleva a cabo el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) es vital para depurar las universidades garaje que pululan en el país y que en muchos casos están manejadas por políticos de dudosa trayectoria.
Estos políticos intervinieron desde el Parlamento Nacional para expandir la creación de estos institutos superiores.
Pero también es cierto que el Cones debe jugar con reglas claras; aplicar las normativas con todas las instituciones educativas por igual. Como expresó el doctor Antonio Cubilla en una nota a nuestro diario, el Consejo debe estar integrado por personas independientes a las universidades.
Esta sugerencia, contó Cubilla, la hizo ante el plantel de investigadores allá por el 2009, cuando la Ley de Educación Superior vigente todavía no era una realidad.
“Se veía venir”, expresó el doctor Cubilla sobre las críticas que apuntan a que el Consejo es “juez y parte” en las intervenciones.
Con profesionales independientes a los institutos no solo se libra al Cones de críticas innecesarias y muchas veces sin fundamento de parte de dueños de universidades que son afectados por el cierre o la inhabilitación de carreras y filiales. Aumentan también la credibilidad y la gestión transparente de parte del organismo en cuestión.
Lamentablemente, ahora es fácil cuestionar el accionar del Cones. La frase “solo en Paraguay” puede aplicarse en el ámbito de la educación superior. Es que hay universidades con carreras de Ciencias de la Salud que comparten el predio con guarderías de colegios privados. Insólito, ¿no?
Esta situación se da justo en universidades en las que los miembros del directorio del consejo regulador son propietarios o rectores.
La siguiente pregunta es: ¿están siendo investigadas estas casas de estudio?
Otro hecho cuestionado por la comunidad es que los titulares del Cones absorban la matrícula de los estudiantes afectados por las universidades garaje, como mínimo una falta grave de ética.
Sobre el punto, desde el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP) recomendaron que aquellas instituciones cuyas autoridades integran los órganos de regulación se abstengan de matricular a los alumnos. “Para evitar conflictos de interés”, mencionaron en un comunicado emitido a la opinión pública.
Como ejemplo podría imitarse lo que dicta la Ley Nº 2072/03 que creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Esta normativa establece que el presidente o los miembros directivos de la entidad no podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior.
Evidentemente, todos estos cuestionamientos implican apenas ajustes en el funcionamiento del Cones. El cierre de todas las carreras y filiales universitarias que no cumplan con los requisitos mínimos no puede dar marcha atrás.