El 1 de agosto de 2009, siguiendo el rastro de una vaca que le robaron en Ybyraty, Horqueta, el ganadero Cecilio Ledesma entró a un monte y halló hombres y mujeres con armas y uniforme para’i, que habían carneado el animal y cocinaban un asado. Era un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la propiedad de uno de sus miembros, Alejandro Ramos, a 12 kilómetros del centro urbano.
Liberaron a Ledesma bajo amenazas de guardar silencio. No hizo caso. Avisó a la Policía, que acudió al sitio. Hubo enfrentamiento a tiros con los guerrilleros, que huyeron dejando carpas, utensilios y parte de la carne robada.
Los fiscales y policías revisaron todo y no hallaron nada de valor. Un día después, la fiscala Sandra Quiñónez llegó desde Asunción y pidió que revisen de nuevo, buscando señales de tierra recién removida. Así hallaron un pozo oculto, de donde desenterraron un termo con 28.000 dólares, pagados por el rescate del ganadero secuestrado Luis Lindstron. Además, había gran cantidad de papeles, parte de la correspondencia enviada desde prisión por el fundador del grupo, Alcides Oviedo, quizás la documentación más valiosa para saber cómo funciona la organización criminal.
Le pregunté a la fiscala Quiñónez cómo supo qué y dónde buscar. Había aplicado el conocimiento aprendido de expertos colombianos. La misma capacitación que, en febrero de 2005 –a pesar de que sus superiores la habían apartado del caso–, le permitió hallar el cadáver de Cecilia Cubas, enterrada bajo cemento en una casa de Ñemby.
Desde esas perspectivas, empecé a respetar el trabajo de una agente fiscal que aprendió a superar sus limitaciones para crecer en lo profesional. Quienes luchamos por el fin de la impunidad de los crímenes y ataques contra periodistas, le agradecemos por el buen trabajo investigativo que realizó para probar la vinculación de un ex intendente municipal colorado cartista en el asesinato de nuestro colega Pablo Medina, y por lograr su ejemplar condena a 39 años de prisión. En un país en que hay otros 15 casos de asesinatos impunes de periodistas, incluido el emblemático caso de Santiago Leguizamón, no ha sido poca cosa.
Este jueves, tras intrincados incidentes políticos, Sandra Quiñónez se convirtió en la primera mujer en la historia del Paraguay que accede al cargo de fiscal general del Estado. No la ayuda mucho que haya sido la candidata impuesta por el presidente Horacio Cartes, ni que la terna en que figuraba estuvo tan amañada, ni que asuma en un momento en que la acción del Ministerio Público y de todo el sistema judicial se encuentra muy desacreditada, pero esos mismos elementos juegan a su favor: ¡Cuántas cosas hay por hacer! Quiero creer que su puntual buen desempeño y el hecho de que no haya sido salpicada hasta ahora por casos de corrupción son una buena señal. Pero, como diría Santo Tomás, vamos a ver...