Los campesinos mostraron una presencia masiva, ni mucho mayor ni menor que en circunstancias anteriores, pero sus reclamos quedaron diluidos en una marea de reivindicaciones que poco o nada les afectan. Los sindicatos optaron por meter en la misma bolsa tantos pedidos, que tampoco lograron enfocar sus miras en las más legítimas y comprensibles desde el punto de vista de los trabajadores. Dejaron relegado incluso uno de los reclamos más atendibles, el de que la Justicia otorgue a los detenidos por el caso Curuguaty las mismas medidas de libertad provisional que, sin tanto protocolo, el Poder Judicial otorga a los criminales reincidentes.
Aunque los partidos políticos fueron excluidos de la convocatoria por voluntad expresa de los convocantes, se sumaron sin banderas, y con algunas decenas de partidarios, pero ya habían logrado previamente la politización de los reclamos, todos los cuales iban dirigidos contra el Gobierno y no, como presuntamente corresponde a los sindicatos, contra los patrones.
Algunos han buscado cuantificar el daño económico producido por la jornada de protesta y aunque el impacto no es considerable, sería mucho peor si los huelguistas lograran su objetivo. Lo que ha quedado en evidencia es que los movimientos sociales y sindicales saben es oponerse, rechazar o impugnar cosas abstractas, como el neoliberalismo, políticas económicas como la Ley de la Alianza Público-Privada, medidas puntuales como el aumento de los pasajes, o actividades legítimas, como la fumigación de los cultivos. De ahí a proponer y encarar soluciones diferentes, hay un gran abismo, aun durante un gobierno que les fuera netamente favorable como el de Fernando Lugo.
Desde nuestro punto de vista, de un gremio de empresarios consustanciados con los principios cristianos, sabemos que la actividad empresarial solo es posible, legítimamente, dentro del marco de una economía de mercado. Podemos diferir en opiniones sobre las regulaciones que deba tener el mercado; pero estamos ciertos de que el quehacer empresarial se vuelve imposible dentro de economías centralizadas y estatizadas en exceso, porque, en ese caso, como lo demuestran los casos de Venezuela y Argentina, los dueños o ejecutivos de empresas se convierten en simples títeres de los gobiernos, y aunque rija la propiedad privada, se engendra el “capitalismo de amigos”, en el cual prosperan quienes son compinches de los altos funcionarios, y se desangran quienes se resisten.
En resumen, una huelga que arroja pocas consecuencias estridentes, pero al menos permite definir posiciones divergentes e intentar el rumbo del diálogo.
