Casi dos años y medio han pasado de la tarde en que el suboficial Edelio Morínigo fue secuestrado en Arroyito, Concepción. Son pocas las noticias que se tuvieron de él desde entonces y muchos los rumores. A diferencia de otros casos, el Ejército del Pueblo Paraguayo no pide dinero para liberarlo, sino un intercambio por un preso del grupo armado. Su familia denuncia, desde hace años, que el Estado tiene a la familia olvidada.
Abrahan Fehr fue llevado una noche de agosto del 2015 de Manitoba, en San Pedro. El mismo grupo armado solicita 500.000 dólares para liberarlo. Franz Wiebe, de 17 años, fue capturado en la colonia Río Verde, también en San Pedro. Exigen 700.000 dólares a su comunidad por su libertad. En octubre, fue secuestrado en Horqueta Félix Urbieta, por quien también piden USD 500.000.
Si uno se fija en los archivos, descubrirá que en los últimos años muy pocos y cortos fueron los periodos de tiempo en los que no hubo al menos una persona retenida contra su voluntad por criminales, en algún punto del país. Ciertamente, esta tendencia creció exponencialmente durante este Gobierno.
El incremento de secuestros también está vinculado a otro elemento: la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, un híbrido de militares y policías que hasta ahora fracasó estrepitosamente.
El Poder Ejecutivo tuvo y sigue teniendo más recursos que nunca para acabar con el Ejército del Pueblo Paraguayo, responsable de la mayoría de los secuestros y atentados a policías y militares en el Norte del país. El empecinamiento del Gobierno en optar por la misma estrategia contra este grupo armado ha llevado a que el conteo de víctimas de ataques del EPP sea más alto ahora que durante cualquier otro gobierno.
Nunca antes, en la historia reciente de este país, tuvimos a tanta gente secuestrada al mismo tiempo. Ni siquiera durante el auge de la industria del secuestro, como fue bautizada años atrás con toda la histeria y conmoción que entonces generaron los casos de María Edith Bordón y Cecilia Cubas.
Ahora los secuestros pasaron a ser casi rutinarios, ya no hay nada extraordinario en ellos. Ni el Gobierno recibe una presión importante de la oposición, ni la clase política entera es confrontada por la sociedad, ni la gente parece indignarse mucho por lo que se sufre en los lugares históricamente olvidados por el Estado. En medio de tanta violencia e impunidad, lo que más pesa es el silencio aletargado, ese acostumbramiento de los paraguayos a la calamidad.