El comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue abordado en un acto oficial sobre el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), el cual fue expuesto casi al mismo tiempo que el alto mando participaba de las celebraciones por el Día de la Armada Paraguaya.
El comandante señaló que no estaba enterado de lo expuesto por el presidente de la CBI, el senador Jorge Querey, pero que si las pruebas están van a cortar cabezas.
Asimismo, sostuvo que están realizando una lucha tremenda contra dicho tipo de personas, tanto interna como externa.
El caso expuesto por Querey data de marzo del 2021 y cuenta con varias personas imputadas, tras un operativo realizado en el Puente de la Amistad, el cual fue denominado Tartufo. La recaudación estimada rondaría los G. 600 millones.
El comandante ya debería estar en conocimiento de dicho caso, pero es probable que creyera que se trataba de uno nuevo.
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Velázquez explicó que los militares pueden obrar por su cuenta y la responsabilidad es individual.
En ese sentido, aseguró que las recaudaciones que se pudieran hacer de manera ilegal pueden escapar de su control, ya que no se hacen a la luz del día y las realizan “sin vergüenzas”. Dijo, a su vez, que le parece razonable que se trate de una rosca de personas.
El informe parcial de la CBI revela un modus operandi para la recaudación de dinero mediante el ingreso de productos de contrabando por el Puente de la Amistad, mediante la complicidad entre funcionarios militares y aduaneros.
El senador Querey incluso expuso videos de las cámaras de seguridad, donde se ve a militares y aduaneros exigir los pagos y contar el dinero.
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El caso data de marzo de 2021 y la causa está pendiente de ser elevada a juicio oral y público y no se descarta que haya un esquema de recaudación que alcance a altos rangos en el caso.
Los detenidos que fueron imputados son funcionarios aduaneros, personal militar y supuestos contrabandistas. Los mismos fueron identificados como: Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santacruz Duarte, Antonio Oporto Espínola y Pedro Rubén Báez Zacarias Jacinto, todos funcionarios de la Aduana de Ciudad del Este.
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Se encuentran también imputados los militares Enrique Blanco Roa y Claudio Ramón Orrego Ramos, además de dos particulares identificados como Carlos Alberto Montanía y Elsa Mabel Chamorro.