Contraloría General de la República
La Cámara de Diputados sancionó la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, el cual será encabezado por la Contraloría General de la República (CGR). Camilo Benítez, contralor general, indicó la necesidad de promover una cultura de la prevención de la corrupción en Paraguay.
Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción se titula el proyecto de ley que presentaron este lunes el presidente de la república, Santiago Peña, el titular del Congreso, Bachi Núñez, y el de la Corte Suprema, Luis María Benítez.
La Contraloría General de la República (CGR) encontró evidencias sobre el mal manejo de los recursos públicos en la administración del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno. Por citar, emitió cheques a nombre del director de administración y finanzas y el cajero liquidador por un total G. 6.229.430.115.
Estudiantes de la facultad de Derecho UNA presentaron una denuncia en la cual detallan una serie de presuntas irregularidades en la institución, entre ellas, cobro indebido de honorarios, mal desempeño de funciones y anormalidad en un concurso público de oposición.
En una acalorada discusión, los concejales de Ñemby aprobaron solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría a la comuna e instar al intendente recientemente imputado, Tomás Olmedo, a apartarse del cargo mientras dure la investigación en su contra por lesión de confianza.
Según Armindo Torres, de la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puede actuar de oficio para verificar supuestas irregularidades en ingresos del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Mientras que dicho ente afirma que requiere de un pedido especial.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), señaló que el ex presidente Mario Abdo Benítez debe explicar el destino del dinero producto de las ganancias de dos de sus empresas durante el tiempo que ejerció como mandatario. Afirmó que la Fiscalía tendrá que encargarse de las pesquisas.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe de un examen realizado a la declaración jurada del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que se detectaron “incongruencias”. Sostiene que durante su gestión aumentaron notablemente los ingresos de sus empresas dedicadas al rubro de la construcción.
El titular del Ministerio de la Defensa Pública, Javier de Jesús Esquivel, justificó el meteórico ascenso que tuvo en la institución su nuera María Celaida Núñez, que de un salario de G. 3 millones como dactilógrafa, pasó a ganar G. 22 millones como directora. La misma sin embargo tendrá solo funciones de secretaria.
El abogado Víctor Peña Gamba dio detalles del proceso de venta de la casa que fue adquirida por la senadora cartista Lizarella Valiente por G. 860 millones, cuando ella percibía un salario de G. 7.000.000.
La senadora cartista Lizarella Valiente considera que el examen de correspondencia que hará la Contraloría es una “magnífica oportunidad” para demostrar con documentos todo lo que posee. La parlamentaria omitió préstamos para la compra de su casa y su campaña electoral.
La elegante residencia de Lizarella Valiente tenía un precio de oferta de USD 360.000 en el 2020, unos G. 2.500 millones al cambio de ese año. Sin embargo, la senadora cartista declaró que la adquirió por G. 860 millones.
La senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) aseguró que se dio una “omisión involuntaria” en su declaración jurada de bienes (DDJJ) y que por ello solicitó una rectificación a la Contraloría General de la República (CGR). Declaró como si fuera que compró al contado una casa de G. 860 millones a su nombre en 2020.
De acuerdo a datos revelados por la Contraloría General de la República, estos son los diez senadores con mayor poder adquisitivo en el país. Siete de ellos son del Partido Colorado y tres responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El subcontralor Augusto Paiva explicó que de oficio iniciaron el proceso de examen de veracidad de la única declaración jurada de bienes del diputado cartista Eulalio Lalo Gomes por supuestas inconsistencias.
La Contraloría General de la República (CGR) analizará la declaración jurada del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC) por supuestas inconsistencias. Un medio brasileño vinculó de nuevo al parlamentario con el crimen organizado.
El Partido Patria Querida (PPQ) consideró que el supuesto mal manejo de los G. 500.000 millones de los bonos emitidos para la administración de Óscar Nenecho Rodríguez en la Municipalidad de Asunción se trata del “caso de malversación más grande de la historia de la administración municipal de Paraguay”.
Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, respondió al lapidario informe de la Contraloría, que confirmó el mal uso de los G. 500.000 millones de los bonos, y afirmó que no encontró “ninguna acción penalmente relevante” para ser juzgado.
La Municipalidad de Asunción no entregó los documentos que respalden las operaciones en las que se utilizó el dinero de los bonos, señaló la directora de Control Gubernamental de la Contraloría. Pese a la carencia de información, se confirmó que los G. 500.000 millones fueron a otros fines prohibidos por ley.
La Contraloría General de la República dispuso la fiscalización especial inmediata (FEI) a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) a fin de analizar la verificación y habilitación del servicio del transporte público hasta junio del 2024.
El concejal colorado César Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción, admitió que en el balance del intendente Óscar Nenecho Rodríguez no se ve el uso de bonos para inversión que fue emitido por la comuna, por lo que se abstuvo de aprobarlo. El hecho está siendo investigado por la Contraloría.
Los legisladores opositores no solo se refirieron a las irregularidades en el uso de bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción, sino también a un alto nivel de deuda y baja inversión nunca antes experimentados. En total, la deuda acumulada durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez supera los USD 120 millones y advierten sobre una quiebra.
Para la oposición parlamentaria, sigue sin aclararse dónde está el dinero de los bonos que emitió la Municipalidad de Asunción para obras de infraestructura. La diputada Johanna Ortega comentó que entre el 6 y 26 de diciembre se gastó casi la totalidad de los G. 360.000 millones, en coincidencia con el pago de aguinaldos y cuando aún no había contrato con las constructoras.
El Juzgado Penal de Garantías declaró este jueves en estado de rebeldía al ex intendente de Fuerte Olimpo (Departamento de Alto Paraguay, Chaco), Sergio Rubén Cuellar, y a otra persona, por lesión de confianza y otros hechos.
El contralor Camilo Benítez considera que con la documentación que entregó la Municipalidad de Asunción, ya se podrá emitir un dictamen sobre el uso de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos. Espera que los resultados del equipo auditor estén en menos de un mes.
El director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, afirmó que contestaron todos los requerimientos que solicitó la Contraloría General de República ante una presunta malversación de fondos del tesoro municipal.
La Municipalidad de Asunción presentó este viernes informes y documentos a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la emisión de bonos de los años 2022 y 2023. Desde la comuna negaron un desvío de G. 500.000 millones y justificaron su uso en pago de salarios y en costos operativos.
El PLRA denunció persecuciones de parte de los liberocartistas expulsados y liderados por Dionisio Amarilla. Advierte que en el Senado se gesta un pedido para que la Contraloría General de la República audite la Gobernación de Cordillera, incluyendo la administración de Hugo Fleitas, actual presidente de los liberales.
El concejal de Asunción Álvaro Grau presentó ante la Contraloría General de la República los documentos con los fundamentos para la rescisión total del contrato con Parxin, para la explotación del estacionamiento tarifado, sin “pagar ni un solo centavo”.
El Ministerio Público abrió una investigación contra el ex presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, por el presunto hecho punible de cobro indebido de honorarios.
La Contraloría General de la República (CGR) decidió auditar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal tras la declaración hecha por el Congreso Nacional y una serie de protestas.