El crecimiento de la deuda no deja de preocupar por varias razones. En primer lugar, por el ritmo de su crecimiento, muy superior a la capacidad de pago del país, lo que requirió una permanente necesidad de refinanciar contrayendo nueva deuda y extendiendo los plazos de vigencia de la misma.
En segundo lugar, y derivado de lo anterior, por sus efectos en la desigualdad. Hay que tener en cuenta que en un país como el nuestro, con un sistema tributario que recauda poco y de manera inequitativa, la deuda tiene dos efectos negativos directos.
Por un lado, el pago de los compromisos de deuda implica reasignar recursos de servicios esenciales como salud y educación. Paraguay ya invierte poco en estos servicios y cualquier restricción en el financiamiento de los mismos afecta desproporcionadamente a la mayoría de la población.
Por otro lado, los recursos destinados a pagar la deuda provienen de una estructura tributaria en la que los impuestos indirectos tienen un alto peso. Por lo tanto, hay un doble castigo al ciudadano común.
En tercer lugar, las razones del endeudamiento. Las justificaciones se dividen básicamente en dos: Aumentar infraestructura y generar empleo. En todos los discursos de los ministros de Hacienda se asume la creación de empleos directos en el corto plazo y, en el largo plazo, el aumento de infraestructura permitiría un crecimiento económico que a su vez impulsaría un efecto multiplicador en el empleo.
Esta cadena de razonamiento, que para el sentido común o en las primeras clases de economía básica tiene racionalidad, pero no es necesariamente cierta en la realidad. Para que la infraestructura genere efecto en el producto interno bruto y este en el empleo deben garantizarse determinadas condiciones, por ejemplo que se hayan implementado con el impulso de actividades, ramas o regiones con evidencia de retornos económicos, que a su vez tengan efectos redistributivos.
Una década de inversión pública financiada con endeudamiento debería haber mostrado resultados en tal sentido. Es un plazo razonable para una evaluación al menos descriptiva de lo que está pasando en la economía.
Entre 2012, año en que se inició el rápido aumento del crecimiento de la deuda, y 2021 los indicadores laborales no han mostrado mejoras. El ingreso laboral promedio creció apenas 0,5%. Es decir, los trabajadores viven hoy con el mismo ingreso promedio que una década atrás.
Peor aún, el argumento de la generación de empleo se contradice con el incremento del desempleo de 4,6% en 2012 a 6,7% en 2021. Se podría asumir que no se crearon nuevos empleos, pero mejoraron los existentes. Tampoco pasa eso si se considera que la informalidad laboral se mantiene en torno al 65%.
De hecho, hasta el crecimiento del PIB fue mediocre y mantuvo sus históricas características de elevada volatilidad y exagerada dependencia de factores exógenos como el clima y las condiciones internacionales.
En definitiva, a pesar del importante impulso que ha tomado la deuda con el argumento de la inversión pública, las principales características del crecimiento económico no han cambiado. Esto resulta en un problema grave ya que algunos fenómenos tenderán a empeorar, como la crisis climática. Nuestra economía no ha logrado crear las condiciones para aumentar la resiliencia y debe empezar a enfrentar importantes niveles de pago de deuda con el mismo sistema tributario que una década atrás.