La economía paraguaya se está enfrentando a múltiples crisis. Por un lado, un crecimiento bajo y volátil cuyos resultados a nivel microeconómico son magros. Por otro lado, luego de la pandemia el aumento de la inflación general agudizó las consecuencias del aumento de los precios de alimentos, que ya venía de años atrás.
Con una estructura productiva basada en exportaciones de productos agropecuarios de bajo valor agregado y escaso peso del sector secundario, y una matriz energética sostenida por combustibles fósiles con precios a la alza, se completa un escenario poco propicio para la resiliencia económica y para hacer frente a las condiciones adversas de los países vecinos más grandes, y en particular de Argentina.
La economía vecina presenta altos niveles de inestabilidad derivada de su elevada inflación y cotización del dólar. La inestabilidad en sí misma ya es un problema pues genera incertidumbre y nos enfrentamos a la llegada y salida de flujos financieros, muchos de ellos ilícitos, tal como se registran en los informes de organismos financieros internacionales.
Recientemente, la alta demanda de dólares en Argentina presionó a nuestro tipo de cambio con múltiples efectos en el mercado interno. Para la población en general, un aumento del dólar eleva los precios de muchos productos de la canasta familiar, incluidos los combustibles.
El contrabando es el otro grave problema. La entrada de productos argentinos afecta a la producción interna, lo que, significa pérdida de empleo y de ingresos. Al final de la cadena se encuentran la pobreza y la desigualdad económica, con el riesgo de aumento.
Si bien el tipo de cambio es el origen del problema, no se puede negar el rol de las debilidades institucionales del sector público paraguayo. Su capacidad de fiscalización y la falta de integridad de los funcionarios públicos conspiran contra cualquier medida que tome el país para limitar la entrada ilegal de productos.
El contrabando destruye la economía y la institucionalidad, ya que socava las debilitadas bases del aparato estatal debido a la corrupción que trae aparejada en las diversas instituciones de fiscalización y control.
La inestabilidad afectará también la inversión en Paraguay, tanto de paraguayos como de argentinos, ya que la volatilidad de la economía se extiende más allá de las fronteras, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un flujo relativamente importante de recursos hacia Paraguay.
La política interna no podrá impedir el impacto, pero sí puede reducir el mismo y, sobre todo, generar condiciones para transmitir tranquilidad bajo el supuesto de que se implementarán medidas basadas en evidencia empírica y con altos niveles de racionalidad e integridad.
La economía paraguaya siempre ha sido vulnerable a las condiciones económicas de sus vecinos, situación que se agrava si se considera el tamaño de los países vecinos, así como las asimetrías.
El nuevo gobierno estará obligado a pensar e implementar políticas económicas frente a un contexto que, si bien ya no es nuevo, sigue sin ser considerado por los instrumentos de política con que cuenta el país. Desde hace años se están viendo las debilidades y cuellos de botella de la economía paraguaya; sin embargo, las políticas continúan inercialmente y basadas en condiciones ampliamente superadas por la realidad. Esperemos que la próxima gestión de gobierno sepa enfrentar los problemas nuevos y los problemas viejos que adquieren nuevas formas con una política económica acorde con escenarios complejos y dinámicos, tanto a nivel interno como externo.
