La Comisión Bicameral del Congreso cerró ayer la tercera semana de audiencias informativas en el marco del estudio del proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Acudieron las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Si bien las primeras dos hablaron de la necesidad de contar con mayores fondos para el año próximo, afirmaron que no pedirán una ampliación, en línea con el pedido del Ministerio de Hacienda de respetar los topes de ingresos y gastos. Sin embargo, esto no ocurrió con la UNA.
La casa de estudios se sumó a los pedidos hechos anteriormente por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública e Instituto de Previsión Social (IPS), y entregó a los parlamentarios una propuesta de adenda para aumentar su presupuesto por valor de G. 655.433 millones (USD 92,3 millones), lo que busca financiar mediante recursos que provienen del cobro de impuestos, según informó la rectora, Zully Vera.
De ese total, G. 456.624 millones (USD 64,3 millones) serán utilizados para hacer crecer el gasto salarial en un nuevo año electoral. Esto representa el 70%.
En ese sentido, el documento habla de cuatro solicitudes: La creación de cargos para habilitación de carreras y para cubrir las carreras vigentes (no precisó cantidad); pago de beneficios a 4.198 funcionarios administrativos por contrato colectivo, como título de grado, antigüedad e insalubridad, entre otros; nivelación salarial para cargos administrativos; y nivelación salarial para docentes. La nivelación contempla básicamente un incremento en los sueldos.
El resto del pedido de ampliación es para financiar gastos corrientes como servicios básicos, insumos y mantenimientos; así como para inversión en construcciones varias.
Finalmente, la rectora solicitó a la Bicameral que las transferencias a la UNA en concepto del arancel cero sean cubiertas también con impuestos, ante el incumplimiento en años anteriores con el Fonacide. Vera habló de que el Tesoro transfirió para la gratuidad solamente el 48% de lo necesario.
Si el Congreso da luz verde a este pedido, el plan de gastos de la UNA trepará de los G. 1,53 billones (USD 217 millones) iniciales a los G. 2,19 billones (USD 309 millones). Esto equivale a un crecimiento del 42,5%.
Reclamos. El pedido hecho por la casa de estudios se suma a los que realizaron ya días atrás la Corte, Defensa Pública e IPS.
La máxima instancia judicial solicitó una ampliación de USD 110 millones, de los cuales, casi el 30% se destinará al crecimiento del gasto salarial. Defensa Pública, por su parte, pidió USD 8,8 millones, el 84% para sueldos y nuevos cargos. Finalmente, IPS reclamó USD 8,2 millones más para subir el salario a su plantel nombrado en un 5%.
Cierre. Las audiencias organizadas por la Bicameral continuarán el próximo martes, dando así cierre a las sesiones informativas y pasando a las deliberaciones.
En esta última jornada acudirán las autoridades del TSJE, Fiscalía, MAG, BNF, AFD y Hacienda.
92,3 millones de dólares es la ampliación que pide la UNA para 2023. El 70% irá a reajustes, más cargos y beneficios.
