Un grupo de ex obreros de la firma Aceros del Paraguay (Acepar) se manifiestan desde la mañana de este miércoles frente al Poder Judicial de Asunción para pedir celeridad en seis juicios laborales que los involucran y por los cuales esperan recibir cerca de USD 50 millones como indemnización por insalubridad.
Aseguran que son entre 1.200 y 1.300 personas afectadas, quienes vienen litigando por una resolución en dichos procesos judiciales, que actualmente obran en Tribunales de Apelación y en la Corte Suprema de Justicia, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El abogado Filemón Delvalle, representante de los trabajadores afectados, señaló que están reclamando el pago porque trabajaron en “condiciones infrahumanas” y que es un pedido que los gobiernos de la última década les “han negado sistemáticamente”.
Relató que un grupo de 300 ex empleados ya recibieron una indemnización de G. 26.000 millones durante el gobierno del ahora titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, mientras que la administración de Horacio Cartes compensó a unos 115 ex obreros, por un valor de alrededor de G. 15.000 millones.
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No obstante, indicó que el grupo que se manifiesta en esta jornada decidió judicializar sus casos desde el 2015, ante la negativa de los gobiernos de turno.
Manifestó que de los alrededor de 1.300 trabajadores afectados, unos 600 ya cuentan con una sentencia favorable en primera instancia, pero que ahora están en Tribunales de Apelación en lo Laboral.
En marzo pasado, también se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la “regularización social y financiera de los trabajadores de Acepar”.
Con la propuesta se busca autorizar al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Trabajo y de Hacienda, a proceder al pago del pasivo laboral de los obreros de Acepar.
Dichas indemnizaciones serían en concepto de salarios caídos, despido injustificado por causa imputable al empleador, y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro social obligatorio para obreros y empleadores, cuyo monto será de hasta G. 24.000 millones.
