En total, 3 gobernaciones y 55 municipios están en rojo ante la falta de presentación de sus respectivas rendiciones sobre el destino de los millonarios fondos que periódicamente transfiere el Ministerio de Hacienda.
En los últimos seis años, recibieron G. 2,9 billones. Sin embargo, la realidad de las instituciones educativas no condice con los millonarios recursos destinados a los gobiernos locales a nivel país.
Básicamente se debe destinar ese dinero para proyectos de infraestructura en educación escolar, construcción y equipamientos de centros educativos y remodelación.
El 27 por ciento de los fondos que provienen de la compensación por cesión de energía son destinados para los municipios y las gobernaciones.
En falta. El informe oficial actualizado el 17 de diciembre (cierre de año) del Poder Ejecutivo detalla una larga lista de municipios y gobernaciones que no cumplieron con las exigencias establecidas en la Ley 4758/12.
Entre las gobernaciones que están aplazadas figuran tres de extracción colorada: La de Canindeyú dirigida por César Tigre Ramírez; Caazapá dirigida por Pedro Díaz Verón y Presidente Hayes, comandada por Rubén Antonio Roussillón.
En cuanto a los municipios figuran en total 55 que están en faltas administrativas.
En primer lugar está Asunción cuya administración estuvo recientemente en el ojo de la tormenta por denuncias de hechos de corrupción que forzó la salida de Mario Ferreiro, quien renunció tras el escándalo por el manejo de una caja paralela que hacían con ciertas recaudaciones. De acuerdo a los registros, la comuna capitalina recibió más de G. 53.000 millones correspondientes a Fonacide.
En el departamento Central aparecen aplazadas la gestión del intendente liberal Armando Gómez de Lambaré, cuya administración fue intervenida ante una serie de irregularidades administrativas.
El Municipio de San Lorenzo es otro de los que está en falta, según el informe. Esta comuna está a cargo de Alcibiades Quiñónez, quien asumió en reemplazo de Albino Ferrer. Este renunció en febrero del año pasado, tras los escándalos de corrupción.
El intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete, es otro que recibió observaciones en su rendición de cuentas por parte de la Auditoría.
Otro aplazado es el intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, hijo del senador Blas Lanzoni del PLRA, al igual que el intendente llanista de J. Augusto Saldívar, Daniel Báez, recientemente imputado por la Fiscalía por supuesta malversación de G. 1.072 millones de recursos de Fonacide y royaltíes.
En la larga lista de municipios aparece en rojo también la administración de Mayor Otaño. A finales del año pasado, la Contraloría detectó indicios de daño patrimonial por más de G. 1.000 millones. El intendente es el colorado cartista Pedro Chávez Rodríguez.
Una decisión que se había tomado anteriormente en los casos de los municipios que incumplen con las exigencias de transparencia, es que el Ministerio de Hacienda suspenda la transferencia de los millonarios recursos.
