- Brigitte Colmán
- @lakolman
Después del 2 y 3 de febrero de 1989 y que Alfredo Stroessner huyera en un avión rumbo a su dorado exilio sin rendir cuentas por los 35 años de dictadura había quedado la tarea de construir la democracia, pero quedó al mismo tiempo la impresión de que, forzadamente, había quedado bien disimulada la grieta. Aquella que separaba a quienes idolatraban al dictador y se habían beneficiado con su régimen, y los otros, los que resistieron y lo enfrentaron. Y es que en la foto posgolpe solo faltaba el dictador.
El relato cambia irremediablemente un diciembre de 1992 cuando son descubiertos los archivos de la policía. Y el velo que cubría los 35 años de dictadura cayó.
A partir de los documentos contenidos en el denominado Archivo del Terror ya fue imposible negar las detenciones arbitrarias, las persecuciones y las torturas. El archivo contenía los libros de entrada y salida de presos, informes de vigilancia domiciliaria de opositores, declaraciones de los detenidos, lista de recluidos en cuarteles, control de partidos políticos, control de centros de estudiantes y sindicatos. Había 11.225 fichas de detenidos de Investigaciones, sección Técnica y Departamento Judicial; 1.888 cédulas de identidad y pasaportes; 20.000 fotografías de detenidos, de actos políticos, cumpleaños, bodas y álbumes de fotos familiares robadas en los allanamientos de la policía, y 1.500 libros incautados de los allanamientos. Con todo ese acervo ya fue imposible hacerse el ñembotavy.
Treinta años después el archivo continúa bajo resguardo en el edificio del Palacio de Justicia y forma parte del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos.
Resulta memorable aquella imagen de la cadena humana que ayudó a trasladar los documentos hasta los camiones que los llevarían hasta el Palacio de Justicia. Se necesitaron un total de doce horas.
“La preservación de los archivos es un triunfo de la gente, de la democracia”, sostiene Miryan González Vera, directora del Centro de Documentación y Estudios, y coautora de Es mi informe, junto con Rosa Palau y Alfredo Boccia, el primer libro que se escribió sobre los archivos.
Explica que había mucho temor en aquel momento de que volviera a desaparecer. “Sin embargo, el equipo que mantuvo esto como museo hizo un gran trabajo, y eso hay que agradecerles a Rosa Palau y a los directores del museo. Es un gran triunfo haber preservado los archivos”.
PRESERVACIÓN
González recuerda que, una vez descubiertos los archivos, las organizaciones como el Centro de Documentación y Estudios, se acercaron, pues sabían que el Estado no tenía rubros para cuidarlos y para que no se desapareciera de vuelta, por lo que ofreció el servicio de trabajar con la Corte Suprema de Justicia para la preservación, para el primer montaje de un centro de documentación. A ese convenio del CDE con la Corte se suma luego el Cipae, Comité de Iglesias para ayudas de emergencias.
“Se trabajó durante cuatro meses, en pleno verano, en medio del calor, con esos papeles, hubo que buscar cajones de los supermercados para ordenar los papeles”, recuerda.
PARA LA MEMORIA.
Miryan González Vera señala que el gran valor que tienen los archivos es que a 30 años de su descubrimiento en este proceso de conformación democrática, sirve para poder recordar cómo actuaba la dictadura, “y eso es muy importante porque hay muchos atisbos de comportamiento dictatorial. Son documentos para la memoria, para saber y poder destacar siempre lo que vivimos y lo que no debemos repetir. Esto es lo que se debe destacar, es uno de los valores de estos archivos”.
Una puntualización sobre el contenido de estos archivos es, según la directora del CDE, que representan la voz de las instituciones, las autoridades, “el manejo de la documentación debe ser cuidadoso, porque mucha gente dice: ‘Ahí está la verdad’, pero es la verdad contada por la policía, no nos olvidemos nunca de eso. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien revisa una declaración tiene que poner bajo la lupa, analizar si de verdad esa persona que firmó su declaración bajo tortura de verdad dijo eso, o es la verdad contada por la policía para acusar a otra persona. Hay que tener cuidado sobre las delaciones, por ejemplo, que muchas veces fueron montadas por la policía”.
Finalizada la dictadura y huido el dictador, el hallazgo de los archivos de la policía hicieron posible conocer el sistema de control que sostenía la dictadura sobre sus ciudadanos, pero al mismo tiempo muchos documentos fueron fundamentales para que, en cierta medida, se hiciera justicia.
En ese sentido, uno de los casos emblemáticos es de los hermanos Ramírez Villalba.
Los hermanos Benjamín y Carlos Ramírez Villalba, junto con Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello, habían integrado un grupo que había intentado un ataque en contra de Alfredo Stroessner. Ellos fueron detenidos en el año 1974 y llevados al Departamento de Investigaciones.
Fueron desaparecidos en 1976.
En los archivos se encontró información sobre los detenidos desaparecidos.
Benjamín y Carlos Ramírez Villalba, Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello fueron asesinados el 21 de setiembre de 1976. El libro de novedades de la guardia decía que ese día los presos Benjamín y Carlos Ramírez Villalba, así como Amílcar Oviedo y Carlos Mancuello se habían fugado y sus cuerpos nunca fueron hallados. En el año 2006 la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado paraguayo a indemnizar a los familiares de los desaparecidos.
EL COMISARIO
Martín Almada y el juez José Agustín Fernández, en Lambaré, fueron considerados los descubridores de los documentos del archivo; sin embargo, con el tiempo se desveló la participación del comisario Ismael Aguilera en el hallazgo de los archivos.
El ex subdirector de Operaciones en Producciones de la Policía Nacional había alertado a Francisco José De Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, sobre la existencia de un archivo. Esto le valió que el comandante de la época, Mario Agustín Sapriza, lo confinara a Caazapá en un cargo con menor antigüedad. El régimen de Stroessner dejó una secuela de 425 desaparecidos, detención ilegal y arbitrariamente de casi 20.000 personas y forzó el exilio de más de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
El Archivo del Terror prueba que Alfredo Stroessner estaba enterado de todo lo que ocurría en el Paraguay.
