Esto se desprende en el documento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de noviembre, que realiza periódicamente un registro del cumplimiento de la Ley 4758/12 que establece que dichos recursos serán utilizados para el sector de la educación y formación. La Contraloría es otra instancia de control del uso de estos fondos.
De acuerdo al informe oficial del Gobierno, las gobernaciones que no cumplieron satisfactoriamente son Cordillera, Guairá, Ñeembucú y Boquerón.
En el caso de Ñeembucú, se puede observar que se encuentra entre los departamentos con mayor falta de cumplimiento. De 16 municipios, 9 están en saldo rojo.
En la zona del Chaco también existen grandes falencias. En el Departamento de Presidente Hayes prácticamente la totalidad de sus 8 municipios están con fallas, según el Poder Ejecutivo.
CENTRAL. En el caso del Departamento Central, los municipios que están con observaciones son Guarambaré, Itauguá, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Villeta e Ypacaraí.
En el Departamento de Paraguarí también se puede observar que existen varios municipios con faltas, entre los principales se encuentran Caacupú, General Bernardino Caballero, La Colmena, San Roque González de Santa Cruz, Tebicuarymí, Ybytimí, Ybycuí.
En el Departamento de Misiones están en la misma situación los municipios de San Ignacio, San Miguel Misiones, San Patricio, Santa Rosa Misiones, Santiago.
La ley establece obligaciones a intendentes y gobernadores a presentar correctamente de acuerdo a los plazos y forma la rendición de cuentas del uso de recursos del Fonacide y fija sanciones por incumplimiento de la exigencia legal.
El Ministerio de Hacienda establece que por lo menos el 50 por ciento de los fondos transferidos a los gobiernos departamentales y municipales deberán destinarse a proyectos de infraestructura en educación. Es decir, en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. Además, el 30 por ciento a proyectos de almuerzo escolar para los niños que están en la etapa de educación inicial y de educación escolar básica de instituciones educativas del sector oficial ubicadas en situación de vulnerabilidad.
