De esta manera, este se configura como el principal posible delito precedente al lavado de activos, que se detecta por los sujetos obligados (SO) por ley, dentro del sistema local, seguido del contrabando (20%), la evasión (17%) y el narcotráfico (12%), conforme a las estadísticas.
Vale recordar que el ROS es la comunicación mediante la cual los SO informan de cualquier operación sobre la cual se determine la existencia de motivos razonables para sospechar que pueda estar relacionada a un ilícito.
La Seprelad analiza la información y aplica procesos automatizados para seleccionar los ROS con mayores riesgos, los cuales luego de un proceso de análisis son comunicados al Ministerio Público en caso de que existan indicios de irregularidades.
DETALLE. Durante 2020 se recibieron 10.612 ROS, una cifra inferior a la de 17.107 reportes que se tuvieron en 2019. La mayoría de las notificaciones provienen del sistema financiero, de acuerdo con los datos oficiales. Los ROS también se originan desde el sector no financiero, compuesto por escribanos, remesadoras de dinero, Empes, importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públicas, supervisoras, compañías de seguros, transporte de caudales y casinos; y desde el sector financiero no bancario, que incluye a las financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos.
A nivel de montos, resalta que el año pasado se informaron de operaciones sospechosas por G. 20,9 billones (alrededor de USD 3.000 millones), lo que representa una contracción de 21% con respecto a 2019. En esta materia, el sector bancario mantiene el liderazgo del ránking de sujetos obligados más activos, con reportes que equivalen al 98,61% de los montos reportados, seguidos por el sector no financiero (con un 0,78%) y el sector financiero no bancario (0,60%).
Aumenta actividad en ciertos sectores
Los registros de la Seprelad muestran un aumento considerable el año pasado de los avisos emitidos desde sectores específicos, como ser las compañías de seguros (que creció 31% con respecto a 2019), las remesadoras (650%), las importadoras de vehículos (167%), las inmobiliarias (40%), las casas de bolsa (100%) y los casinos (200%), en coincidencia con la emisión de nuevas normativas regulatorias para estos segmentos.
