La modalidad de compra por la vía de la excepción “es una ventana para los hechos de corrupción y es la modalidad que más atención requiere de parte de la ciudadanía para evitar el malgasto del dinero público”, según un análisis local del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Bajo la excusa de la “urgencia impostergable” ante la crisis sanitaria, algunos entes podrían caer en contratar bienes o servicios de cuestionable calidad a dudosos precios, que llegarían a eventuales sobrefacturaciones.
Este porcentaje bajó levemente, considerando que el 72% de los llamados hechos bajo la vía de la excepción registraron un solo oferente en 2019; mientras que en el año pandémico del 2020, el porcentaje de una sola empresa participante por proceso fue de 65,6%, y en el 2021, de 66,6%, hasta ahora.
MÁS. La cantidad promedio de oferentes en cada proceso licitatorio por distintas modalidades (concurso de ofertas, contratación directa, licitación pública internacional, vía de la excepción y otros) llega a casi tres en lo que va del presente año, registrándose una leve mejoría en comparación a años anteriores con respecto al número de participantes del sector privado en las compras públicas.
De 2,63 oferentes en promedio por licitación en el 2019, se pasó a 2,80 potenciales proveedores en promedio por cada llamado en el pandémico año del 2020, y en lo que va de este año la cifra aumentó a 2,91 empresas en promedio que participan en los distintos procesos de compras públicas.