El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, institucionalizado por la Organización de la Naciones Unidas en 1975, reivindicando el rol de las mujeres en la sociedad, buscando la igualdad, el cese de la violencia y las injusticias contra ellas en cualquier ámbito.
No caben dudas de que en el Paraguay se ha avanzado en cuanto al logro de la igualdad jurídica de las mujeres. Las leyes solas, sin embargo, no alcanzan para construir la igualdad real, pues persiste en nuestro país el desigual acceso a la educación, a los cargos electivos, al empleo y también se debe señalar la brecha salarial que persiste.
A pesar de sus esfuerzos, en cuanto a la participación política, las mujeres siguen siendo excluidas de los cargos altos, sean electivos o no; de hecho que la representación parlamentaria en el actual periodo se redujo comparando con años anteriores.
Los duros años de la pandemia del Covid han dejado también sus huellas, pues se sabe que en la crisis han sido las mujeres las más afectadas por la pérdida de empleos, además son siempre ellas quienes tienen más posibilidades de caer en la pobreza; y en tiempo de crisis es frecuente que se sacrifiquen sus oportunidades de educación.
Se necesitan políticas públicas que inviertan decididamente en la educación, la formación y la creación de trabajo digno para las mujeres. Pues, como dice el mensaje de Naciones Unidas: “Cuando el mundo invierte en ampliar las oportunidades de las mujeres y las niñas, toda la humanidad gana”.
Asimismo, es imposible no mencionar la actual situación internacional en las zonas de conflicto, como se vive actualmente en países como Afganistán o Ucrania, donde son las mujeres y las niñas las expuestas y las más vulnerables.
En el Día Internacional de la Mujer, es imperativo que los tres poderes del Estado asuman coherentemente el compromiso de ir más allá de los discursos de ocasión sobre la gloriosa mujer paraguaya, para decididamente dar pasos concretos para eliminar toda forma de discriminación.
Capítulo aparte merece el tema de la violencia. Si bien es cierto que se cuenta con la Ley 5777, “De protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia”, la cual creó la figura penal del feminicidio, que endurece el castigo por el asesinato de mujeres con una expectativa de 10 a 30 años de prisión, en la práctica las instituciones del Estado todavía tienen mucho por hacer. Las 35 mujeres asesinadas en el 2021 son la prueba de que, incluso con una ley, el Estado llega tarde para proteger a las mujeres expuestas a la violencia.
Es hora de romper con las prácticas tradicionales que son injustas para las mujeres, transformando la cultura machista que la desvaloriza y subestima, por una nueva cultura de reconocimiento de sus derechos y sus potencialidades. Es hora de reconocer la contribución de las mujeres a la humanidad.
Que este 8 de marzo sea un día de compromiso de toda la sociedad para seguir trabajando por lograr respeto e igualdad, y para seguir reclamando al Estado educación, salud, empleo, una vida sin discriminación y sin violencia.
