Mediante una nota remitida a Última Hora, Víctor René Granados Ortiz, quien años pasados se desempeñaba como piloto en el aeropuerto Silvio Pettirossi, alegó que fue “incriminado” en una causa por tráfico de drogas y que por ello lo tienen con prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú desde el 2020. El hombre afrontará juicio oral el próximo 25 de octubre.
Granados aseguró que la Fiscalía no cuenta con elementos que lo involucren con la estructura criminal que está siendo investigada y que solo sostienen que tuvo participación porque hizo dos vuelos de prueba que —según él— no tienen vinculación con el hecho.
“Esos vuelos de prueba no tienen nada que ver, el avión nunca tuvo problemas de drogas. La Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) nunca me involucró a mí y no hay un testigo que me nombre, acá lo que se está haciendo es incriminarme para cubrir a otro”, señaló el escrito del procesado.
Granados Ortiz fue detenido en julio de 2020, durante los controles estrictos por aglomeración en el marco de la pandemia del Covid-19. El hombre fue capturado, sin poner resistencia, en una bodega de Luque, Departamento Central, donde se había reportado aglomeración.
El caso
Se trata de un confuso caso que se centra en un avión y cuya causa tuvo apertura ya en el año 2008. La Senad comenzó a investigar en 2006 a un grupo de personas que presuntamente forman parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, liderados supuestamente por Carlos Ferreira, un mayor militar retirado.
Según el relato de Granados, en marzo del 2008, aparentemente le contactó el piloto comandante Héctor Ramón Carvallo —quien fue asesinado en el 2014— para pedirle “el favor” de que realice dos vuelos de prueba de una aeronave que estuvo en mantenimiento por problemas mecánicos y cuyo hangar estaba a su cargo.
Supuestamente, Granados le dijo a Carvallo que no tenía experiencia para volar ese aparato, pero que aceptó realizar el trabajo porque el comandante le aseguró que sería “muy fácil”. Según aclaró, ni siquiera le pagó un monto de dinero por los vuelos.
El procesado indicó en su nota que los dos vuelos “están en los planes legales” y que ninguno tuvo como destino la Región Occidental. Alegó que ambos vuelos tuvieron controles aeronáuticos y policiales, y también dijo que “ni la Fiscalía” sabe a quién pertenecería la aeronave, debido a que se revendió en varias ocasiones.
Aseguró también que los 12 años que estuvo libre, desde la apertura de la causa hasta su detención, hizo sus actividades laborales de forma normal, incluso volando al exterior, pero que recién se enteró de que tenía un proceso encima al ser detenido.
“Me incriminan y me tienen preso más de dos años y medio sin pruebas, sin nada. Preso por hacer dos vuelos de prueba en un avión descompuesto. La Senad le seguía a este grupo, y yo no estoy en la lista sencillamente porque nunca tuve relación con las personas vinculadas al caso”, aseguró el piloto.
Mencionó a algunos de los involucrados con el hangar, como Buenaventura Ocampos, Lino Ortiz, Julio Sánchez, además de Carvallo —todos ya fallecidos—, asegurando que “no tuvo relación comercial” con ninguno de ellos.
Finalmente, lamentó que todos los incidentes que plantearon por medio de su defensa Pablo Villalba son rechazados y que el representante del Ministerio Público sostiene su relato “para hacer parecer su culpabilidad”.
“Necesito que alguien haga justicia por el actuar demencial de la Fiscalía. Necesitamos tener una Fiscalía imparcial y objetiva para todos en este país. Hablo en nombre de muchas personas que están padeciendo este calvario judicial en Paraguay”, rezó el final de su nota.
Nota relacionada: Piloto que figura en informe de Dinac niega haber volado avión
Por su parte, en contacto con Última, el abogado Villalba señaló que el caso llegó a la audiencia preliminar después de siete suspensiones promovidas por la Fiscalía, tras lo cual se elevó a juicio oral.
Mientras tanto, aseguró que cuentan con varios elementos con los cuales pueden probar la inocencia de su defendido, mientras que la Fiscalía no tiene pruebas para sostener la acusación.
Según dijo, el fiscal que estuvo al frente del caso desde un principio fue Javier Ibarra, pero que ahora quedó en manos del fiscal Ysaac Ferreira, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.
Desde Última Hora, en reiteradas ocasiones intentamos comunicarnos con el representante del Ministerio Público Ysaac Ferreira, pero este no respondió a los mensajes ni a las llamadas realizadas a su número. En un momento dado, contestó una llamada, pero dijo que estaba en un juicio, cortó y ya no se volvió a comunicar.
Otros antecedentes
Una avioneta de bandera uruguaya con matrícula CX-BCH apareció sorpresivamente en el 2009, generando interrogantes e informes contradictorios.
El avión aterrizó supuestamente de emergencia por problemas mecánicos en una antigua pista ya clausurada, en el área urbana de Humaitá, Departamento de Ñeembucú.
En un primer informe enviado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a la Fiscalía se señalaba como piloto a Félix Martínez, quien se presentó para aclarar que no tenía nada ver con el caso y aseguró que se enteró a través de una publicación de Última Hora.
Por ello, las sospechas pasaron a centrarse en el piloto Víctor Granados, quien para entonces ya tenía dos órdenes de captura, uno del 2006, por un accidente aeronáutico, y el otro de 2008, por este segundo caso.
Con base en el plan de vuelo, la ruta marcada era Asunción-Encarnación, pero llamativamente terminó en Humaitá. Según aseguró su abogado sobre este caso, Granados fue contratado en ese entonces para trasladar la aeronave hasta Encarnación, donde supuestamente la dejó y se retiró.
