Felicita nos recuerda que detrás de los números hay una vida y varios derechos vulnerados. Este viernes se cumplen 20 años del hallazgo de su cuerpo al pie del cerro Yaguarón con signos de abuso sexual y su asesino hasta ahora sigue prófugo.
Era una niña de solo 11 años que era obligada a vender mandarinas para aportar dinero a una familia en extrema pobreza. A veces trabajaba hasta la noche tratando de colocar todas sus frutas. Llegó a vivir con una tía porque la madre ya no podía hacerse cargo de tantos hijos.
Lamentablemente, su madre no recibió asistencia estatal y mucho menos sus hijos, quienes vivían en la completa desidia y expuestos a todo tipo de violencias. Aunque Felicita iba a la escuela, cursaba recién el primer grado, cuando debería estar en el tercer o cuarto grado, según su edad.
Felicita no solo sufrió el día de su muerte, padeció de múltiples opresiones durante toda su corta vida y nunca pudo avizorar una niñez plena, jugando, estudiando en un entorno libre de todo tipo de violencias.
En su memoria se recuerda cada 31 de mayo Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes del Paraguay, pero desde su muerte pocos avances se observan para mejorar la vida de este sector vulnerable de la sociedad.
¿Cuántas Felicita? En los últimos 5 años se registraron 18.423 casos de abuso sexual infantil y se cree que existe un subregistro. Solo en el 2023 hubo 4.084 víctimas, es decir, una niña, niño o adolescente sufrió violencia sexual cada dos horas en Paraguay.
Las zonas con más denuncias son Central, Alto Paraná y Asunción, según los datos que compartió la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en su último informe especial.
Otro dato alarmante es que el 90% de los casos ocurren en el entorno familiar, de ahí la importancia de contar con una Educación Integral de la Sexualidad.
Aunque personas antiderechos se oponen a estos mecanismos de prevención y protección argumentando una violación de la patria potestad, no pueden refutar la necesidad que existe de que niñas, niños y adolescentes reconozcan a tiempo las situaciones de riesgo y sepan cómo denunciarlos.
Negar esta urgencia y excusarse bajo un dogma religioso es lo que impide erradicar todo tipo de violencias hacia niños, niñas y adolescentes.
Las herramientas deberían estar disponibles para toda la sociedad para que ya no ocurran casos como la niña de 10 años que se encuentra en terapia intensiva como consecuencia de haber sufrido abusos sexuales en su propia vivienda.
También están las hermanas de 10, 13 y 17 años que sufrieron abuso por parte de su abuelastro, sospechoso de ser incluso padre de algunas de ellas, ya que la madre también fue víctima durante largos años.
O el más reciente caso de la niña de 13 años que fue sometida a una cesárea en Alto Paraná, producto de abuso en un país donde las niñas son obligadas a ser madres, sin importar que sus propias vidas estén en riesgo y que aún si sobreviven, arrastran en el tiempo consecuencias sicosociales.
Es por eso que no se puede asumir que “los valores se enseñan en la casa”, como defienden los antiderechos cuando se oponen a cualquier iniciativa para la implementación de una educación sexual integral. Esta problemática no pertenece al ámbito privado como pretende este sector, sino que debe ser abordada por políticas públicas que lleguen a todos los habitantes sin discriminación a través de instituciones competentes.
