Por Andrés Colmán Gutiérrez | @andrescolman
¿Qué pasó en Curuguaty...? La pregunta -convertida en una bandera política por varias organizaciones sociales- sigue sin encontrar respuestas convincentes, o tiene demasiadas respuestas distintas en forma de suposiciones, según la posición política de quien la formule.
Según la versión inicial, recogida de fuentes oficiales, policías que realizaban un operativo para desalojar a ocupantes de una propiedad del empresario Blas N. Riquelme, en Marina Cué, Curuguaty, habían caído en una emboscada de los campesinos, provocando una verdadera masacre, en la que 17 personas habían muerto baleadas: 6 policías y 11 campesinos.
Las repercusiones políticas del caso provocaron días después (el 22 de junio) la destitución del Presidente Fernando Lugo, tras un acelerado juicio político en el Parlamento.
Sobre esta misma versión original –que en principio fue asumida por la mayoría de los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, aunque luego contrastada ante la aparición de otros indicios preocupantes-, la Fiscalía basó su investigación y presentó su acusación, la que muchos juristas, organizaciones de derechos humanos e incluso organismos internacionales consideran como sumamente parcial y contaminada por los intereses de los sectores políticos que causaron la destitución del gobierno de Lugo.
La principal crítica a la investigación oficial, dirigida principalmente por el agente fiscal Jalil Rachid de Curuguaty, pero respaldada varias veces por el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, es que el Ministerio Público solo investigó la muerte de los 6 policías, pero no la de los 11 campesinos, presuponiendo que solo hubo hechos punibles cometidos por los ocupantes, y descartó por completo las graves acusaciones que luego del tiroteo inicial se hayan producido ejecuciones extrajudiciales de campesinos, por parte de algunos policías.
En este contexto, luego de varias suspensiones, el próximo lunes 22 de junio se realizará finalmente el juicio oral del llamado Caso Curuguaty, o Marina Cué, habiéndose logrado –tras muchas presiones- que el mismo se lleve a cabo en la sede del Poder Judicial en Asunción y no en la de la regional de Salto del Guairá.
Las principales dudas sobre el juicio.
El caso fue expuesto originalmente como un desalojo de personas que invadieron una propiedad privada de la empresa Campos Morombi SA, del empresario y político colorado Blas N. Riquelme, vinculado en su momento a la dictadura stronista; pero los documentos revelados posteriormente permiten sostener que las tierras son en realidad del Estado paraguayo, donadas en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya SA, de la cuales Riquelme se apropió indebidamente, tal como lo asegura el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Pero esta cuestión aún debe ser decidida finalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Una primera irregularidad es que el juez José Benítez, de Curuguaty, solo había dictado una orden de allanamiento, para comprobar la situación de los ocupantes, pero las autoridades de la época la presentaron como una orden de desalojo y esa fue la acción para la que se preparó todo el aparatoso operativo, involucrando a 324 policías con armas, helicópteros, camiones, ambulancias.
En su acusación, el fiscal Jalil Rachid sostiene que los campesinos habían armado la “preparación de una emboscada como factor sorpresa”. Sin embargo, el relato de los hechos que ocurrieron ese día, en base a los videos grabados por los propios policías y los posteriores testimonios de muchos protagonistas, demuestran que ni hubo emboscada, ni fue una sorpresa para los policías.
Una primera cuestión es la desproporción en el número de fuerzas entre ambos bandos. En el campamento no había más de 60 campesinos ocupantes, incluyendo a niños y mujeres, y solamente unas 18 personas tenían armas, en su mayoría viejas escopetas, machetes, azadas y foisas (hoz). Por el contrario, la fuerza policial, al mando del comisario general Arnaldo Sanabria Morán, director de la 4ª Zona Policial, era de 324 hombres, muchos de ellos con armas automáticas (principalmente fusiles de asalto Galil, cargados con municiones calibre 5,56 milímetros, con cargadores curvos que llevan 35 a 50 proyectiles), chalecos, cascos, protectores y el refuerzo de un helicóptero Robinson Raven R44.
Así lo explicó el propio comandante del operativo policial, el comisario Arnaldo Sanabria Morán: “Le dije al subcomisario Erven Lorera, jefe del GEO de Ciudad del Este: Ejupi ha ehecha ñandeve (subí y observá). Se subió Lovera en el helicóptero, hizo el sobrevuelo y me comunicó: Solamente, mi comisario general, están 17 o 18 personas con armas largas, que pueden ser rifles, escopetas, foisas”.
(El audio de esta declaración pública se puede escuchar en el documental “Desmontando Curuguaty”, producido por el Servicio Paz y Justicia, que acompaña a este reportaje).
“Ya era llamativo que traigan al GEO desde Alto Paraná para un operativo en Curuguaty, porque normalmente solo se lleva un pelotón anti-disturbio, pero en este caso la orden era precisa: ir como para un combate”, relata el oficial policial José Almada a reporteros de la cadena televisiva árabe Al Jazeera. Almada fue uno de los miembros del GEO que participaron del operativo.
La manera en que se desencadenó la muerte
La mayoría de los testimonios coinciden en que el hecho que provocó la masacre fue el primer disparo que recibió el subcomisario Erven Lovera, jefe del GEO, cuando estaba negociando con los dirigentes campesinos, pero hay versiones distintas acerca de quién fue el que hizo ese primer disparo con un revólver.
En una de las principales fotos que se utilizan como documento de la acusación, se ve a un hombre con camisa roja apuntando a Lovera con lo que parece ser un revólver, aunque la foto es muy difusa como para distinguirlo.
La versión oficial sostiene que el hombre de la camisa roja en la foto es Rubén Villalba, principal líder de los campesinos ocupantes. “El primer disparo vino de los ocupantes, los policías no tenían armas. El grupo negociador (de la policía) no tenía armas”, aseguró el fiscal Jalil Rachid.
El fiscal dijo que ese primer disparo provino probablemente del revólver de Villalba, causando la muerte de Lovera, y que otros campesinos también dispararon, asesinando además a otros cinco policías (Osvaldo Sánchez Díaz, Wilson Cantero, Jorge Rojas Ferreira, Juan Gabriel Godoy y Derlis Ramón Sosa).
“Una vez que se producen los disparos, que duraron entre treinta a cuarenta minutos, de acuerdo a los testimoniales que nosotros tenemos, se vuelven a reagrupar los policías y efectúan esos disparos, ya ante una acción. Lo que hicieron fue una reacción y ahí se da la explicación de por qué hay bajas en los ocupantes”, aseguró Rachid.
Sin embargo, la versión oficial de que el primer grupo de policías ingresó sin armas, también es desmentida por los propios protagonistas.
En sus declaraciones en el proceso judicial, los propios policías revelan que unos diez efectivos operativos tácticos que ingresaron por el lado del establecimiento de la empresa Campos Morombí, junto al jefe del GEO, Erven Lovera, y al jefe de orden y seguridad de la Policía de Canindeyú, Miguel Ángel Anoni, sí estaban armados con fusiles automáticos de asalto Galil.
Los efectivos tácticos se parapetaron a muy pocos metros del lugar en que Erven Lovera intentó dialogar con los campesinos, y todos ellos se encontraban apuntando con sus armas a los campesinos que se encontraban igualmente parapetados del otro lado, también apuntando con algunas escopetas.
La instrucción que recibieron los policías tácticos fue que cada uno identifique a un “objetivo hostil” (campesino armado), lo pongan en la mira de sus fusiles Galil y se queden apuntándolo concentradamente, previendo cualquier ataque.
Quienes sí ingresaron por el otro camino, por el sector de Hacienda Paraguaya, sin portar armas reglamentarias, fueron los cascos azules o policías antimotines del GEO encabezados por unos diez escopeteros cargados con balines de goma, con una reserva de unas 70 granadas de gas lacrimógeno.
En el informe de la investigación sobre el caso realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), uno de los testigos campesinos sostiene que Espínola le pidió a Lovera: “Vamos a conversar”, pero el jefe policial le dijo que ya no había nada que discutir y que debían abandonar el terreno. Hubo un forcejeo. “Ahí alzó la mano Espínola y ahí ya le dispararon (a Espínola)”, dice.
Las versiones de los policías que declararon en el expediente de la Fiscalía son diferentes. Sostienen que un “campesino corpulento, vestido con una remera roja, con tapabocas y lentes oscuros”, fue quien le disparó primero a Lovera. Fredy Toledo, César Medina y Juan Sixto Benítez coinciden en que un campesino atacó primero con una foisa a Lovera, quien esquivó el golpe con la mano, entonces el campesino de remera roja (presuntamente Villalba) que le estaba apuntando con su revólver le disparó a quemarropa dos balazos. Luis Alberto Rolón dice que el disparo fue a la cabeza, otros dicen que fue al tórax.
Sea quien sea el que hizo el primero y segundo disparo, le siguieron en seguida una secuencia ininterrumpida de disparos de armas automáticas que –según el preciso conteo que se hace en el documental Desmontando Curuguaty- duró exactamente 9 segundos. Hasta ahora, las evidencias apuntan que solo los policías tácticos apostados tenían armas automáticas (los fusiles de asalto Galil).
Los muchos interrogantes
Durante el enfrentamiento armado, el helicóptero Robinson Raven R44 de la Agrupación Aero-Fluvial sobrevoló varias veces el escenario y se presumía que grabó secuencias importantes de lo ocurrido.
En una entrevista con Radio Ñandutí, días después de la masacre, el jefe de la Agrupación Aero-Fluvial, comisario Roque Julio Fleitas, le aseguró al periodista Humberto Rubín: “Hay mucho material filmado por la cámara del helicóptero”. Varias semanas después, el fiscal Jalil Rachid dijo que lamentablemente la cámara del helicóptero no funcionaba y que ninguna imagen se pudo grabar desde el aire.
El abogado Juan Ernesto Villamayor, representante de la empresa Pro Ibérica, que proveyó los helicópteros Robinson a la Policía, asegura que las cámaras funcionaban perfectamente y que llama la atención que las imágenes hayan desaparecido misteriosamente. "¿Dónde están esas filmaciones, que son elementos concluyentes?”, se pregunta.
Varios días después, el 25 de junio, se agregaría como evidencia una escopeta calibre 12, hallada cerca de la parroquia de Curuguaty, y que según el dueño, fue robada el 22 de junio, siete días después de la masacre.
Diversas denuncias y testimonios acusan además que, tras el primer intercambio de disparos, sectores de la Policía reaccionaron con desmedida crueldad y violencia, iniciando una especie de “cacería humana” de los campesinos sobrevivientes.
La Codehupy y los abogados defensores de los campesinos acusados por la masacre sostienen que existen indicios de que al menos 7 de los 11 campesinos muertos habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que la Fiscalía se niega a investigar.
Una politización excesiva
El más grave caso de muertes violentas por conflicto agrario en la historia contemporánea del Paraguay ingresó desde el primer momento en un pantanoso terreno político, cuando los sectores mayoritarios en el Parlamento, entre ellos el opositor Partido Colorado y el cogobernante Partido Liberal, con respaldo de otros grupos como Unace y Patria Querida, utilizaron el conflicto para forzar un cuestionado juicio político express, logrando destituir al presidente Fernando Lugo, más identificado con la izquierda, a quien le sustituyó su vicepresidente, el liberal Federico Franco.
La visión política dominante se reprodujo también en el tratamiento jurídico del caso Curuguaty, en donde la investigación fiscal pareció establecer desde un primer momento la premisa de que los campesinos eran los únicos culpables y no hubo ninguna acción irregular de parte de los policías y otros organismos del Estado.
La mayoría de los procesados se exponen a una pena de hasta 25 años de cárcel, por la acusación de homicidio doloso en grado de tentativa. Serán juzgados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Juan Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Felipe Nery Urbina.
Los primeros nueve están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Ramírez y Tillería están por invasión de inmueble, y Urbina por frustración de la persecución y ejecución penal.
A esta lista hay que agregar a Rilsi Raquel Villalba Ortiz (18), pareja de Rubén Villalba, que también debe ser juzgada pero con el proceso penal adolescente, debido a que era menor de edad cuando se produjo la matanza.
“No corresponde hablar solo de tentativa, cuando hay más de una decena de muertos. Es probablemente porque no se puede determinar quién mató a quien, pero si no puedo determinar quién mató a quién, cómo voy a demostrar quién intentó hacerlo”, refiere Villamayor, quien insiste en que un homicidio debe estar objetivamente probado, pero en este caso no se ha logrado hallar la conexión entre las armas que dispararon y las balas que mataron a los policías.
Desde el otro sector, de los grupos de izquierda y de organizaciones de derechos humanos que han conformado la Articulación Curuguaty, se sostiene con frecuencia la teoría de que la masacre de junio de 2012 fue una compleja conspiración montada por sectores de derecha para destituir al Gobierno de Lugo, olvidando que la movilización de los 324 policías para desalojar irregularmente a los campesinos de Marina Cué fue una acción avalada por el entonces ministro del Interior, el actual senador Carlos Filizzola, del Frente Guasu.
Otra de las teorías que se manejan desde el sector que cuestiona la investigación oficial es que los disparos que provocaron la muerte de campesinos y policías habrían sido realizados por francotiradores desde zonas boscosas, como llegó a sugerir el informe de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Cpeicc), de Domingo Laíno, aunque hasta ahora no surgieron evidencias concretas que permitan sostener esta afirmación.
Para el abogado y ex juez Jorge Bogarín, si se comprueba que se han cometido irregularidades en la investigación fiscal, “que afectan a los derechos esenciales de los ciudadanos sometidos a proceso, ese proceso puede ser declarado absolutamente nulo”.
