Este viernes se conmemoran seis años del caso conocido como 31M o la “enmienda de sangre”. La toma e incendio del Congreso Nacional y el atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que derivó en el asesinato de Rodrigo Quintana se recuerdan una vez más bajo el manto de la impunidad, pero esta vez con un pequeño aire de esperanza y en medio de una coyuntura política marcada por las elecciones generales.
En comunicación con Última Hora, Fidelino Quintana, padre del joven fallecido Rodrigo Quintana, manifestó que, con el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, Emiliano Rolón, ahora “ya hay esperanzas” y que, si bien la investigación no avanza en nada, por lo menos existe esa ilusión.
Años atrás, con la administración de Sandra Quiñónez en el Ministerio Público, don Fidelino expresaba la nula confianza que tenía en la Justicia paraguaya, debido a que sostenía que los paraguayos estábamos sometidos “ante un poderoso narco”, en alusión al ex presidente de la República Horacio Cartes.
El dolido padre sostuvo esta vez que esperan que las autoridades finalmente presenten avances en el caso y que agotarán todas las instancias del Poder Judicial para que los responsables paguen. Sin embargo, reiteró que si la Justicia paraguaya no actúa como esperan, acudirán a las instancias internacionales.
Nota relacionada: A 4 años del 31M: Papá de Rodrigo Quintana está decepcionado con la Justicia
Aseveró que el policía Gustavo Florentín, el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su hijo, ya recibió su perdón, pero lamentó que el hombre siga libre, debido a que considera que debe someterse a la Justicia y que nunca dijo toda la verdad.
“El que le mató está libre. Nos quitaron a nuestro hijo. Como persona, yo le perdoné ya por lo que hizo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que sea sometido a la Justicia y no creo que haya dicho la verdad”, agregó.
Florentín ya fue acusado de matar de un disparo al joven liberal, pero recuperó su libertad en el mes de abril de 2022, por lo que actualmente sigue el proceso fuera de prisión. Esto, tras compurgar la pena mínima por el hecho de homicidio doloso.
En cuanto a los autores intelectuales del asesinato, una vez más Fidelino Quintana manifestó que está seguro de que todo fue gestado y ordenado por Horacio Cartes, designado significativamente corrupto y sancionado financieramente por Estados Unidos.
Si bien destacó que el Gobierno norteamericano haya intervenido contra el ex mandatario y que se trata de un paso importante para lograr justicia, dijo que Paraguay tuvo que ser el encargado de tomar las acciones correspondientes para investigar a Cartes.
En ese sentido, manifestó que la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez “responde directamente” al ex presidente de la República, por lo que nunca se avanzó en el caso de Rodrigo Quintana, así como en muchas otras causas.
Calificó a Quiñónez como “una vendida más”, pero aseveró que está “casi seguro” de que tanto ella como todos los cartistas “van a pagar” por todo lo que perjudicaron a los paraguayos.
Mencionó que para este viernes no tienen planificado realizar ningún acto oficial, pero dijo que cada año se reúnen en la fecha en La Colmena, de donde Rodrigo era oriundo, para conmemorar la memoria del joven entre familiares y amigos.
Finalmente, don Quintana recordó a su hijo Rodrigo como un joven alegre, sano, estudioso, lleno de proyectos y esperanzas y con una gran preocupación por el país. Aseguró que se sentía bastante orgulloso de él y que, incluso, el dolor por su partida crece cada día más.
La cronología del 31M y el 1A
Una serie de intensas manifestaciones se desarrollaron justamente el viernes 31 de marzo del 2017 y estaban enfocadas en evitar la enmienda constitucional que pretendía incluir la figura de la reelección presidencial durante el gobierno de Horacio Cartes.
Mientras los ciudadanos autoconvocados se manifestaban en la Plaza de Armas contra los senadores cartistas, luguistas y llanistas, el entonces mandatario procedió a inaugurar las obras del superviaducto, ubicado sobre las intersecciones de las avenidas Madame Lynch y Autopista, de Asunción.
Pronto, las protestas se intensificaron aún más y llegaron a su punto más álgido cuando un grupo de dirigentes liberales fueron baleados y la sede del Congreso Nacional comenzó a arder en llamas, generándose fuertes disturbios en la zona. El principal afectado fue el diputado Édgar Acosta, quien acusó varios impactos de balas de goma en el rostro.
Cuando la situación parecía ya controlada, horas después, siendo ya la madrugada del 1 de abril de ese mismo año, agentes de la Policía Nacional ingresaron sin autorización al local del PLRA y comenzaron a ejecutar disparos contra todos los que se encontraban en el lugar, refugiados tras la crisis frente a la sede parlamentaria.
Lea también: A seis años del 31M, caso se encuentra parado por 33 recusaciones
En este caso, la principal víctima –pero ya fatal– en este atraco resultó ser Rodrigo Quintana, quien recibió balas de plomo en la cabeza y el tórax, tras lo cual cayó inmediatamente al suelo.
El caso desató una ola de indignación ciudadana y al día siguiente fue colocada una placa en el viaducto con el nombre de Rodrigo, junto con el texto: “Asesinado por la policía del Pdte. Horacio Cartes. Luchaba contra la enmienda inconstitucional”.
El único acusado por la muerte del joven liberal fue el suboficial Gustavo Florentín, pero este nuevamente fue puesto en libertad. Además, el caso fue trabado en innumerables ocasiones a causa de recusaciones y chicanas.
Una serie de cruces de llamadas entre altas esferas de poder durante esa anoche saltaron a la luz pública, pero llamativamente no se aceptó como parte del expediente fiscal y los agentes se basan únicamente por las grabaciones de seguridad del hecho.
En tanto, fueron imputados Efraín Alegre Irún, hijo de Efraín Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y actual candidato a la presidencia por la Concertación Nacional; Stiben Patrón, Olga Paredes Brítez, Ramona Cantero y Fernando Cáceres.
Los hechos por los cuales fueron procesados consistían en frustración de la persecución y ejecución penal, alteración de la escena del crimen y sabotaje informático.