El proceso había iniciado hace más de 10 años, por lo que el abogado defensor de Soares, Juan Sosa, antes de dar inicio el juicio planteó la prescripción de la acción penal, que fue estudiada y rechazada por el tribunal, alegando el uso excesivo del derecho.
Superado esto, se dio inicio al juzgamiento con la lectura del proceso.
Sin embargo, el juicio nuevamente quedó parado debido a un receso solicitado por el abogado de Soares, ya que es nuevo en el caso y debe leer las carpetas para planificar sus alegatos.
En ese sentido, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, decidió hacer lugar al pedido y el juicio proseguirá mañana, a las 13.30.
No obstante, el presidente del Tribunal, el juez Zárate, alertó a Soares de llegar a la hora notificada, ya que ayer se tuvo un retraso para iniciar el juicio, debido a que el acusado llego tarde.
recurso ante la corte. El abogado de Soares manifestó que pese a haber iniciado ya el juicio contra su defendido, ellos presentaran el pedido de prescripción de la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que ya pasó el doble del plazo de la pena. Es decir, diez años desde la imputación de los acusados.
“Esto no va trabar el juicio, se va a seguir llevando a cabo el juicio con normalidad, pero en forma paralela queremos que la Corte estudie nuestro pedido de prescribir la causa”, manifestó el abogado, consultado por periodistas.
LA CAUSA. Según la acusación del Ministerio Público, la compra de panificado fue realizada entre el 25 mayo y el 16 de diciembre de 2009 y las demás adquisiciones entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009; en tanto que la imputación fue formulada en abril de 2010. La causa es investigada por la agente fiscal de la unidad Anticorrupción Victoria Acuña.
Soares y Guachiré están procesados por supuestos hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El perjuicio patrimonial detectado por la Fiscalía es de G. 1.224.976.100.
Según la investigación, Soares y Guachiré –quien ocupaba el cargo de director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)– son responsables de la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para varios departamentos declarados en emergencia durante el gobierno de Fernando Lugo.
Manifestación
Un grupo de 300 personas, pobladores de diversos asentamientos del Departamento Central, se apostaron ayer en la plaza frente al Palacio de Justicia, exigiendo que Soares sea condenado y vaya a la cárcel. Los manifestantes aseguran que seguirán protestando frente a la sede judicial los días que dure el juicio y que acudieron hasta ahí porque casos como este afectan directamente a los sectores más vulnerables.
