Susana Oviedo
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Para Kevin Casas, que un país discuta temas como el financiamiento político o la paridad de género, como ocurre hoy en Paraguay, “sugiere que se están planteando asuntos que solo se proponen democracias con cierta sofisticación”. Asegura que se trata de discusiones de “segunda generación” que los países se plantean cuando los ladrillos básicos del sistema electoral están en su lugar, existe una razonable confianza en que las autoridades electorales van a ser capaces de realizar elecciones libres, justas y con padrones que incluyan a quienes deben incluir. Reitera que instalar estos temas en la agenda política, en sí mismo es “una señal de desarrollo democrático”.
–En Paraguay, con la ley que regula el financiamiento político, aprobada en 2012, se creó el Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip), vigente a partir de las elecciones generales últimas. ¿Es suficiente un sistema como este para evitar que se inficione dinero espurio en la política?
–Es necesario, pero no suficiente. Creo que hay toda una agenda de trabajo indispensable para que un sistema de regulación del financiamiento político funcione, y tiene que ver con darles capacidades a las autoridades encargadas de hacer valer la legislación para que puedan hacer su trabajo. El tema fundamental en Paraguay, como en otros países, es que la legislación que está en los códigos realmente se aplique. Hay un déficit de aplicación que es quizá la tarea más importante que hay en los organismos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp–¿En cuánto tiempo la ciudadanía se apropia de esta herramienta, y toma como asunto de relevancia el origen de los fondos destinados a las campañas?
–No creo que haya una regla que nos permita determinar ese tiempo. Pero le pongo el ejemplo de Colombia, donde se desarrolló un sistema similar al Sinafip y tomó un par de elecciones y eso, para que se hiciera obligatorio y para que los partidos de manera abrumadoramente mayoritaria reportaran sus gastos e ingresos a través del sistema.
Ahora que socialmente la gente se apropie de esa información depende del país, depende de que haya organizaciones que tengan como una agenda de trabajo los temas de transparencia y que, ahora que tienen información disponible, empiecen a hacer la fiscalización. También depende de que la prensa, aprovechando que accede a información que es pública, realice ese trabajo de fiscalización e investigación en esa materia. Que lo tome como un tema prioritario que le permitirá un aspecto del funcionamiento del sistema político que hasta ahora en un país como Paraguay ha permanecido sin ningún control ciudadano.
–Con mecanismos tipo Cuentas Claras, de Colombia, o Sinafip de Paraguay, ¿es factible lograr efectivamente la trazabilidad del financiamiento de las campañas electorales en países de alto nivel de corrupción?
–Garantizado no está. El sistema es tan bueno como la información que los partidos alimentan al sistema. En el caso de Colombia, hay serias dudas sobre la veracidad de la información que se reporta a través de Cuentas Claras. Ahí, el tema es primero que existan capacidades de control y la fiscalización de la autoridad electoral. Pero, por otro lado, insisto, en el papel de la prensa. Y aquí hay un tema que me parece muy relevante. Cuando usted crea un sistema como el Sinafip, que obliga a los partidos a reportar de una manera estandarizada sus ingresos y sus gastos, aunque la información que estén reportando sea imperfecta o no sea de buena calidad, el hecho de que conste en blanco y negro hace una diferencia enorme. Esto le permite a la ciudadanía y a la prensa hacer un trabajo de fiscalización para determinar que la información que están poniendo ahí es falsa.
–¿Qué impacto genera en los partidos políticos la obligación de rendir cuentas de sus gastos?
–Creo que es una forma de institucionalizarlos. De favorecer su crecimiento institucional. Además tiene que ver con la efectividad del control, que lo será, si las autoridades se ponen las pilas en este sentido y si en efecto, se aplican las sanciones que existen para los casos de violaciones a las regulaciones existentes. Todo esto cambia los incentivos con los cuales los partidos funcionan en materia de financiamiento.
–La Misión de Observación Electoral de la UE dejó entre sus recomendaciones al Paraguay que incluya el financiamiento de las elecciones primarias o internas partidarias en la ley que regula esta materia. ¿Por qué cree que este es un paso necesario?
–Porque si no, estarían dejando fuera de control una parte fundamental de la actividad política y del gasto electoral. Las elecciones internas en Paraguay tienen una importancia inusitada en la región. Aquí las elecciones internas son casi más importantes que en cualquier otro país de la región. Además, son onerosas. Entonces, me parece que una de las cuestiones que necesariamente hay que discutir de cara al futuro es expandir los controles existentes a las elecciones internas. Habría que hacer los ajustes necesarios en el sistema de reportes, pero eso no deberá ser tan complicado.
–En el paisaje político paraguayo, ha habido candidaturas financiadas por el narcotráfico. En un país con altos niveles de corrupción y baja institucionalidad, las actividades ilícitas fácilmente se disfrazan de legalidad, en estas circunstancias, ¿qué otro tipo de acciones pueden desarrollarse?
–Hay muchas acciones que se pueden hacer. A los partidos políticos deberían aplicárseles las mismas reglas de prevención del lavado de activo que se aplica a las entidades financieras. Ese sería un buen principio, y que se haga algo que ha sido muy útil en Costa Rica y en México, y es que se levante el secreto bancario tributario en materia de investigaciones sobre el financiamiento político. Ese ha sido muy saludable en el caso de Costa Rica.
–¿Por qué se teme a la paridad de género en el escenario político?
–Bueno, en sociedades patriarcales significa una traslación de poder, una distribución de poder diferente, y eso siempre es resistido.
–Le escuché decir que las listas cerradas ayudan a mitigar los problemas financieros de las mujeres en una campaña, puesto que su viabilidad electoral depende más del lugar que ocupe en la lista que de su capacidad para recaudar fondos. ¿Qué pasa cuando justamente aparecen de relleno en las listas?
–La existencia de cuotas que asignen un porcentaje a las candidaturas a las mujeres no es garantía de que el sistema avance hacia la paridad por género que es lo que se busca en última instancia. Hay países en la región que ya han establecido la paridad efectiva. Esto es, sistemas que establecen que las listas tienen que estructurarse de tal manera que los géneros vayan alternados. O sea que haya un candidato hombre, una candidata mujer y así sucesivamente. Ahora, eso funciona únicamente con listas cerradas y bloqueadas. Yo estoy perfectamente consciente de que estas tienen una serie de problemas graves de entrada, que irritan mucho a la gente, pero en materia de hacer posible el uso de cuotas de representación para las mujeres son mucho más convenientes que cualquier sistema de votos preferentes.
–¿Cuáles son esas consecuencias?
–Desgarres internos en los partidos muy fuertes. Tienden a descuartizar internamente a los partidos porque la lucha electoral primaria es contra el compañero de partido. Además, en la medida en que generan una multiplicación de las estructuras de campaña, puesto que cada quien tiene que hacer campaña por sí mismo, hay una multiplicación de gente buscando fondos y gastando en una campaña. Entonces complica enormemente cualquier esfuerzo de fiscalización del financiamiento político. Si van a poner un sistema de listas con votos preferentes, tengan claro que están renunciando en la realidad a cualquier pretensión de controlar el financiamiento político, y que también son complicadas en términos de la posibilidad de que las bancadas legislativas actúen de manera homogénea y disciplinada. Las personas que salen electas sienten que no le deben el puesto a nadie; en consecuencia, la negociación legislativa se vuelve una pesadilla.
Perfil
Kevin Casas Zamora
fue vicepresidente segundo y ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Actualmente se desempeña como investigador asociado del Diálogo Interamericano, en Washington DC y es director de Analítica Consultores del Istmo,en Costa Rica.