A tres años del caso, Rivas sigue con chicanas e impunidad política

Mediante chicanas logró dilatar el proceso, que se inició tras ser publicada una investigación de Última Hora, el 22 de febrero del 2017, que revelaba que tres empleados particulares del colorado cartista figuraban como trabajadores de la Cámara de Diputados, cobrando salarios sin prestar ningún servicio.

Nery Antonio Franco, que cobraba G. 3.000.000 en Diputados, trabajaba a tiempo completo en la distribuidora Salto Cristal, en Ybycuí; Reinaldo Chaparro Penayo, cobraba un salario de G. 2.000.000, pero cumplía tareas en la residencia de Rivas en Lambaré, y Lucio Romero Caballero, que era capataz en una estancia del parlamentario en Mbuyapey, pero percibía G. 2.000.000 como funcionario de la Cámara.

Los tres están esperando el juicio oral por el caso. En su momento, Rivas negó las irregularidades y alegó que se trataba de una persecución. Dijo que eran chofer y secretarios privados y que ingresaron mediante los cupos que les corresponden a cada legislador.

Un equipo periodístico había recorrido estos sitios y en un par de semanas, mediante fotografías, videos y llamadas grabadas logró demostrar que en horarios laborales se encontraban trabajando como empleados particulares del diputado.

Actualmente, la Justicia sigue sin mayores avances. Mediante chicanas presentadas por la defensa, Rivas logra suspender la audiencia preliminar en la que podría ordenarse su prisión.

El desafuero. Recién en mayo del año pasado, luego de más de dos años de abrirse la investigación, la Cámara de Diputados aprobó su desafuero y el Ministerio Público lo imputó por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Pero la acusación fue formulada por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, calculándose un perjuicio patrimonial de G. 47 millones, según la Fiscalía.

Blanqueado. La Cámara Baja rechazó en octubre del pasado año el pedido de pérdida de investidura, formulado por considerarse la existencia de uso indebido de influencias, y ser el caso idéntico al del ex diputado José María Ibáñez, quien debió renunciar por presión ciudadana y una inminente expulsión.

La solicitud de expulsión afectó también al liberal Carlos Portillo y el abdista Ulises Quintana, que tampoco prosperaron.

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Rivas está tranquilo

Varios legisladores colorados y opositores opinan que no hay ambiente para que se vuelva a pedir la pérdida de investidura y que si así se hiciese, igualmente no habría votos para su destitución.

Solo en el caso de que se concretase su prisión preventiva, como ocurrió con Miguel Cuevas y Ulises Quintana, se podría recurrir al juramento de su suplente, pero sin ser expulsado hasta una eventual condena.

No hay indignación. Los diputados Kattya González y Sebastián García coincidieron en que la gran diferencia entre el caso de Ibáñez y Rivas es la presión ciudadana, que fue más fuerte con el primero, por lo que debió renunciar a pedido incluso de sus colegas, para evitar un proceso de pérdida de investidura. Desde el grupo de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache pidieron que los jueces sancionen a los abogados chicaneros, sobre todo en casos de corrupción pública.