Hugo González Ramos, hermano de Emma González Ramos, la abogada del prestamista luqueño Ramón González Daher, está investigado en el marco del megaoperativo denominado A Ultranza PY y continúa prófugo de la Justicia. El hombre es un nexo del clan González Daher y cuenta con vínculos comerciales directos con el condenado por usura.
Según la investigación, González Ramos integra supuestamente el esquema de envío de droga a Europa y lavado de dinero, liderado presuntamente por el clan Insfrán y Sebastián Marset. El hombre cuenta con orden de captura internacional.
Hugo es la persona que compró del diputado colorado Erico Galeano una propiedad dentro del exclusivo condominio Aqua Village, de la ciudad de Altos, Departamento de Cordillera, como parte de una estructura para el lavado de dinero.
Sobre la compra y venta del inmueble, los abogados del congresista habían explicado que Galeano compró la propiedad de la Inmobiliaria Raíces en el año 2018 y en octubre del año 2020 él vendió el inmueble, que a su vez nuevamente fue vendido a Hugo González por 1 millón de dólares americanos. Sin embargo, la factura de ANDE que encontró una comitiva policial y fiscal en dicho inmueble sigue a nombre del diputado Galeano.
González Ramos está imputado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal y sigue prófugo, pese a contar con una orden de detención en la investigación A Ultranza PY.
Según fuentes, Hugo González Ramos en realidad sería testaferro del condenado Ramón González Daher, ya que lo involucraron en una denuncia realizada en los Estados Unidos. Según esa demanda penal, habría cedido su establecimiento al esquema en el caso A Ultranza para juntar las cargas de clorhidrato de cocaína.
CONDENADO. El prestamista Ramón González Daher está condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa tras ser hallado culpable de liderar un esquema corrupto de apriete y doble cobro utilizando a jueces y fiscales a su beneficio. En la misma causa, el hijo de Ramón, Fernando González Karjallo, también fue condenado a 5 años de prisión por usura.
24 DETENIDOS. Con la detención de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, son 24 los sospechosos de formar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que están detenidos en el marco del operativo A Ultranza Py.
Hay cincuenta personas imputadas y quedan veintiséis que todavía no fueron detenidas, tras 120 allanamientos realizados en todo el país.
Uno de los principales es el pastor José Insfrán Galeano, hermano de Tío Rico y referente de la iglesia Avivamiento.
Está prófugo de la Justicia desde marzo de 2022; se presume que huyó a países limítrofes. Se confirmó que el 8 de julio de ese mismo año ingresó a territorio paraguayo y pasó sin problemas el control de la oficina de Migraciones, ubicado en Puerto Falcón. Su hermana, Yolanda Insfrán, que se presume forma parte del clan, también está prófuga.
El uruguayo Sebastián Marset, considerado cerebro del esquema, es otro de los pendientes de los investigadores. Sería líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y se presume que aglutinó a personas de Paraguay y de Brasil para montar la estructura criminal transnacional.
Apuran exhorto de extradición de Tío Rico, preso en Brasil
La jueza Lici Sánchez hizo lugar al pedido del fiscal Deny Yoon Pak y libró el exhorto de carácter urgente a la Justicia del Brasil para la extradición de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
El documento está en manos de la traductora pública, que deberá traducir al portugués el requerimiento para formalizar el trámite, teniendo un plazo de 48 horas para realizar el trabajo.
Por otra parte, el fiscal Manuel Doldán informó que autoridades de Brasil le comunicaron que ayer, pasadas las 14:00, ante el Foro Criminal de la Justicia Federal de Río de Janeiro se llevó a cabo la audiencia donde impusieron la prisión preventiva a Insfrán mientras dure el proceso.
La jueza María Alice Paim Lyard resolvió que Tío Rico guarde reclusión en un presidio de la zona.
Miguel Insfrán es uno de los prófugos del operativo A Ultranza Py y también es señalado como presunto autor moral del asesinato del fiscal en la lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, registrado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
Sin embargo, en nuestro país afirman las autoridades que no se cuenta con indicios de la participación de Miguel Insfrán en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.