Por un lado, estamos perdiendo la oportunidad del bono demográfico al no poder incorporar a la juventud en empleos productivos, con ingresos estables y seguridad social. Por otro lado, no se toman decisiones claras sobre la forma de enfrentar los eventos derivados del cambio climático. Los costos de oportunidad para el producto interno bruto (PIB) no se pueden cuantificar ni en términos del aumento ni de la volatilidad. El buen desempeño económico sigue dependiendo de dos factores cada vez más inestables como el clima y el contexto internacional.
Si bien en un año no se pueden esperar transformaciones estructurales en ámbitos y condiciones que vienen desde varias décadas atrás, sí se debería esperar que se pongan en la agenda pública medidas alternativas que tiendan a torcer la inercia.
Al contrario, algunas medidas económicas profundizan el modelo como los incentivos al régimen de turismo en Ciudad del Este. Se pierden impuestos que podrían haberse recaudado para financiar una política regional que aumente la productividad, mejore la calidad de los empleos y la infraestructura y supere la dependencia del país vecino. La reconversión de esa región del país es sumamente necesaria; sin embargo, es poco lo que se hace.

La publicidad estatal declara el objetivo de aumentar el nivel de industrialización, pero no solo no hay medidas concretas y de amplia cobertura, tampoco se le han otorgado los recursos necesarios a las instituciones implementadoras.
El presupuesto es el principal indicador de la realidad de las políticas públicas y sobre todo de la voluntad de los gobernantes para hacer efectivas las promesas electorales y los compromisos éticos. Una mirada atenta al presupuesto revela que el instrumento mas importante del Estado no refleja las necesidades del país ni mucho menos prioridades que pongan en primer lugar a las políticas que la sociedad está demandando casi diariamente como la educativa o la de salud.
La principal preocupación de las autoridades fiscales es pagar la deuda dejando de lado los problemas de financiamiento que enfrenta el resto de las políticas públicas. La mejor muestra de ello es el aumento del pago de los servicios de la deuda mientras que el sistema de salud está desfinanciado.
La calificación de grado de inversión fue ampliamente festejada desde diferentes sectores económicos, pero es necesario comprender que para que este reconocimiento tenga efectos en la población, Paraguay tiene un largo camino por recorrer en varios ámbitos que van desde el aumento del capital humano hasta la garantía de la seguridad jurídica. Ninguno de estos ámbitos cuenta con políticas o acuerdos que permitan a la ciudadanía percibir la voluntad del gobierno actual en torno al cambio.
El cierre del primer año de Gobierno deja la sensación de poco esfuerzo por parte de un Poder Ejecutivo que cuenta con innumerables oficinas públicas para ofrecer servicios a la población. Un tema central es la falta de señales en torno al combate a la corrupción. Con aumentar la eficiencia en las compras públicas ya se generaría algo de espacio fiscal para mejorar los servicios. Un caso concreto es el de las compras de medicamentos.
Ojalá que el segundo año se inicie con más planes concretos y financiados acorde con las necesidades del país.