Marcelo Pecci fue asesinado en lo que fue un mensaje de la mafia para infundir temor y evitar investigaciones. Como integrante de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, dirigía investigaciones vinculadas con el narcotráfico y, sobre todo, gozaba de credibilidad en casos relacionados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El fiscal dirigió investigaciones relacionadas al operativo A Ultranza Py, la mayor operación antidrogas de nuestra historia. También investigó varios atentados vinculados a A Ultranza y, como se sabe, también investigó el atentado en el festival Ja’umina Fest en San Bernardino, que tuvo como trasfondo el narcotráfico y en el cual murieron Marcos Ignacio Rojas, objetivo del atentado, y Cristina Vita Aranda Torres, víctima colateral.
Un año después se debe destacar la gestión de las autoridades colombianas, quienes ya han condenado a seis de los implicados. Sin embargo, esa eficiencia al mismo tiempo expone la ineficacia de nuestra Fiscalía General. Exactamente como ha expresado el fiscal colombiano, Francisco Barbosa: “Nosotros hemos hecho la tarea que debimos de hacer, tenemos múltiples condenados, continuamos con la investigación. Creo que le corresponde a Paraguay ahondar en lo que respecta a la preparación del crimen y cómo ocurrió”. Las autoridades colombianas hacen conjeturas respecto a quién dio la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci, y la sospecha apunta a que se puede tratar de un criminal que maneja el narcotráfico en toda América Latina.
Tres días después del crimen, agentes fiscales y magistrados realizaron una marcha donde exigieron protección, inversión en seguridad y, llamativamente, para pedir justicia y contra la impunidad, cuando precisamente son ellos quienes con su labor deberían conseguirlas. Se ha publicado un libro sobre Pecci, se ha instalado un busto de él como homenaje en la Fiscalía, pero en Paraguay apenas existe una carpeta de investigación fiscal para descubrir al autor moral, pero es solo a modo de colaboración.
Hace también un año se había dado a conocer un informe de la organización Americas Society/Council of the Americas, que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, el cual nos señala como un país que demuestra poca capacidad para luchar contra la corrupción porque no funcionan el sistema legal de Justicia ni las instituciones políticas. Según el informe dado a conocer, Paraguay se encuentra entre los cinco países con menor calificación en el índice que evalúa la capacidad para combatir la corrupción en la región. El documento afirmaba que nuestro país es considerado el punto central de la distribución de la cocaína en Sudamérica.
Queda claro que poco se ha hecho para honrar con un buen trabajo fiscal la memoria de Marcelo Pecci. En este sentido, se puede sumar el reclamo del abogado de la familia del fiscal por el “insulto” de Amílcar Fretes, hijo del ahora jubilado ex titular de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, quien habría buscado favorecer a Kassem Mohamad Hijazi mientras Pecci trabajaba en la causa para extraditarlo. Reclamó que la investigación de la supuesta coima no se haya realizado como corresponde por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que Pecci arriesgaba su vida en la causa, mientras que Fretes pretendía dilatar la extradición del procesado a los Estados Unidos.
En este aniversario, debemos reflexionar sobre nuestras instituciones y sobre la triste realidad de un país cautivo por la corrupción y las mafias; que solo con una buena gestión desde el Estado contra el crimen organizado y las mafias podrá sostener su democracia.
