El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó a través de sus redes sociales que tras el análisis de la Procuraduría General de la República del caso Santiago Leguizamón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decidió que el Estado paraguayo se allane a la demanda.
El abogado de la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) y representante de la familia Leguizamón, Hugo Valiente, explicó que este allanamiento significa que el Estado acepta su responsabilidad en haber violado artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin embargo, mencionó que aún no recibieron el traslado del escrito por parte del Estado Paraguayo que permita conocer en qué términos se formuló esta decisión del Gobierno.
Nota relacionada: Paraguay irá ante Corte IDH por encubrir a asesinos de Santiago
“Es muy prematuro hacer un análisis sobre el tuit de Marito sin tener la información muy en detalle, el allanamiento puede ser parcial, puede ser con respecto a algunas violaciones y no a todas, o no allanarse a las reparaciones solicitadas”, comentó.
No obstante, esta posición ya es un triunfo, tal como lo expresó el hijo del periodista Dante Leguizamón, también mediante un tuit.
Para Valiente, este es un caso de antemano que ya estaba ganado y donde la responsabilidad del Estado estaba completamente demostrada.
“Teníamos documentado cómo el Poder Judicial se comportó, como si fuera un tentáculo más del crimen organizado, cómo el Estado paraguayo hizo todo lo posible por garantizar la impunidad de los asesinos de Santiago Leguizamón”, aseveró.
Valiente destacó que Santiago fue asesinado no solo para acallarlo a él, sino para extender una censura a todos los periodistas, sobre todo aquellos que se encuentran en la frontera seca con Brasil, a los que hacen investigación o cubren temas sobre corrupción y crimen organizado.
El representante de la familia ante la Corte IDH indicó que mantendrán un posición prudente, atendiendo a que el objetivo del caso es que la familia pueda hablar ante la Corte así como los testigos, un grupo de periodistas que van a testimoniar sobre el precedente que dejó el asesinato de Santiago Leguizamón en el ejercicio del periodismo paraguayo.
También puede leer: Estado debe reparar impunidad en el caso Santiago Leguizamón
“Para nosotros es muy importante que esas voces sean escuchadas ante la Corte, y de ninguna manera vamos a dejar que un allanamiento de parte del Estado, por más que sea un allanamiento total, sea utilizado por el Estado para evitar que esos testimonios sean escuchados ante la Corte”, sostuvo.
Agregó que un juicio ante la Corte permitirá a la familia Leguizamón ser escuchada por primera vez en 30 años, así como conocerse las condiciones en las que trabajan los periodistas en Paraguay.
Además, el juicio determinará una condena en la que se establecerán ciertas medidas para reparar el daño que se provocó no solo a la familia, sino a toda la sociedad.
En abril del 2016 la CIDH consideró “admisible” la demanda de la familia Leguizamón, pasando el expediente a la Corte IDH, para procesar al Estado por la presunta violación de cinco artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente los derechos a la vida y a la libertad de expresión del periodista asesinado, al igual que el derecho a la justicia, a la protección judicial y la protección ante las persecuciones y malos tratos que sufrieron los familiares tras el crimen.
Santiago Leguizamón fue asesinado tras publicar una serie de reportajes de un esquema de contrabando, narcotráfico y corrupción en Pedro Juan Caballero y que dejaban entrever una presunta complicidad entre los capos de crimen y el gobierno del entonces presidente Andrés Rodríguez.
Reparación por parte del Estado
Como medida de reparación por parte del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda adoptar políticas en materia de justicia y protección judicial.
Entre las recomendaciones de la CIDH para el Estado se encuentra realizar una investigación completa del asesinato, con una cooperación entre Brasil y Paraguay para investigar y sancionar el crimen del periodista.
La Comisión también recomendó adoptar medidas para reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial. También pidió fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de periodistas.
Otras recomendaciones son reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe y diseñar programas de formación y capacitación que incluyan los estándares y criterios con relación a la investigación de crímenes contra periodistas.
