El presidente Mario Abdo Benítez está buscando gobernabilidad y hasta el momento no logra despegar su gestión. Hubo muchas promesas durante la campaña electoral, la paciencia de la ciudadanía se está agotando y tiene encima varias tareas pendientes.
Esta mañana presenta su primer informe de gestión al poco tiempo de completar su primer año de gobierno.
Se renueva la mesa directiva y ya cerró pacto con antiguos adversarios que buscaron la enmienda para la reelección: los cartistas y llanistas.
Para la politóloga Mabel Villalba, la gestión de Abdo Benítez se caracterizó por ser un gobierno conservador, sectario y que no ha puesto en práctica planes de acción a corto y mediano plazo para una reactivación económica necesaria hace meses y para la atención de sectores muy sensibles como la salud y la educación.
“Es un gobierno que se enfrenta a un descontento generalizado de prácticamente todos los sectores sociales y grupos de presión del país. Incluso se debe enfrenar a intereses totalmente opuestos”, analizó. Remarcó que en la agenda gubernamental actual continúa ausente el tema de reforma agraria. Esto a pesar de que el 85% de las tierras está en manos del 2% de propietarios.
PACTOS. En relación al acuerdo político, en los primeros meses hubo un enfrentamiento entre sus seguidores y el cartismo. Se tradujo en disputas en ambas cámaras del Congreso, especialmente en Diputados. Buscando apaciguar los ánimos y tener respiro, Abdo Benítez afianzó el pacto entre las dos principales facciones de la ANR y el sector llanista del PLRA.
“La situación mencionada ha agudizado la ausencia de una oposición real al poder, puesto que sobre todo el principal partido de oposición, el PLRA, tampoco ha cuestionado ni presentado muchas propuestas alternativas a muchos de los problemas sociales”, sentenció.
DRAMA SOCIAL. El gobierno de Abdo Benítez tampoco ha podido brindar respuestas planificadas a la situación de emergencia en la que se encuentran miles de familias en todo el país como consecuencia de las inundaciones.
Villalba indicó que esta situación se notó principalmente cuando ha afectado a comunidades indígenas y campesinas de la región occidental.
“Tampoco se ha podido buscar una solución integral para la localización de familias desplazadas de manera permanente en Asunción debido a la crecida del río. Además, debido a la falta de control y fiscalización, en muchos casos los recursos económicos destinados a esta área corren el riesgo de ser utilizados como prebendas en las elecciones municipales”, significó.
En el sector rural, la analista aseveró que tampoco existe algún tipo de medidas reguladoras para el avance de agronegocios que está expulsando a comunidades campesinas e indígenas de sus comunidades.
Mencionó el informe del Banco Mundial en junio de 2018 que indica que la mayoría de las personas en zonas rurales depende de la agricultura familiar campesina y que en los últimos 15 años se ha triplicado el riesgo de pobreza en este sector.
