El juez Penal de Garantías Humberto Otazú definirá esta mañana si, tanto Óscar González Daher como su hijo, Rubén González Chaves, serán beneficiados con las medidas alternativas a la prisión.
La abogada defensora, Cecilia Chávez, sostuvo a radio Monumental 1080 AM que los argumentos del juez, en caso de negación, deben ser legales. Sostuvo que el ex senador y su hijo fueron sometidos a un “proceso irregular” desde el momento de la imputación.
“El juez no me puede decir que porque era una figura política preponderante (Óscar González Daher) tiene que seguir preso. Él hoy ya no tiene ningún cargo, no es senador y no ostentaba ningún cargo al ser imputado. Peligro de fuga tampoco puede haber porque ellos se presentaron inmediatamente al tener conocimiento de que estaban imputados”, refirió.
Lea más: Con nueva ley, Óscar González Daher intenta salir de la cárcel
No obstante, Chávez recordó que en septiembre próximo se cumple la pena mínima de un año por el hecho de enriquecimiento ilícito y esto daría paso a que padre e hijo salgan en libertad.
“La Constitución Nacional es clara en su artículo 19, que dice que en ningún caso la prisión preventiva va a superar la pena mínima. En nuestro caso la pena mínima del enriquecimiento ilícito es de un año”, aseveró la abogada.
Óscar González Daher y Rubén González Chaves, concejal luqueño con permiso, están recluidos en la Agrupación Especializada.
Ambos fueron imputados por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia.
Nota relacionada: Por hechos nuevos, González Daher pedirá arresto en casa
La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Este nuevo pedido de revisión de medidas se da tras la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, de la prisión preventiva, promulgada en el marco de la emergencia penitenciaria a raíz de la masacre en la cárcel de San Pedro.