A través de un escrito presentado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Daisy Irala solicitó que se otorgue la libertad de Carmen Villalba, líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que está recluida en el Buen Pastor, condenada a 17 años de prisión por tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en el 2004 cuando Villalba reaccionó disparando y arrojando granadas a agentes policiales.
En febrero de 2022, la defensa de Carmen Villalba interpuso un recurso extraordinario de casación al considerar que existe una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, planteando la extinción de la pena.
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El recurso fue presentado contra la resolución del Tribunal de Apelaciones que confirmó el computo de la condena de 17 años desde el 2018, año en que fue imputada. Con este fallo, la mujer compurgará su pena el 8 de noviembre de 2035.
De acuerdo a los argumentos de la abogada Irala, el 4 de mayo de 2022 quedó conformada la Sala Penal para resolver el recurso de casación.
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El 27 de noviembre de este año la defensa de Villalba ha urgido pronto despacho del asunto y afirmó que tampoco obtuvo respuesta. Señaló que se está ante un caso de “resolución ficta”, afirmando que el silencio de las autoridades da pie a una respuesta afirmativa a su petición.
La abogada citó el artículo 142 del Código Procesal Penal que afirma que “Cuando la Corte Suprema de Justicia no resuelva un recurso dentro de los plazos establecidos, se entenderá que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, caso en el cual se entenderá que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admitirá la solución propuesta por el imputado”.
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Por este hecho, la representante legal solicitó que se decrete la libertad inmediata de Carmen Villalba, argumentando que la Corte admitió el argumento presentado por la defensa de que la misma ya compurgó la pena de 17 años que se le impuso en la causa penal.
Carmen fue condenada por intentar acabar con la vida del comisario Merardo Palacios y los oficiales de la Policía Nacional, Francisco López y Alberto Barboza, en medio de un intento de fuga, ocurrido en el año 2004, en la ciudad de Ñemby. La condena por el caso se dio en el 2020.
La misma ya había compurgado una pena de 18 años por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi y una pena de 7 años de prisión por la toma de rehén dentro del Buen Pastor
