El representante legal Daniel Alarcón, quien patrocina la demanda del sindicato del Partido Colorado, reaccionó contra el titular del partido luego de que la conducción partidaria, a través del asesor jurídico Eduardo González, señalara que la decisión que tomaron es para ordenar la casa y hacer cumplir el horario laboral de ocho horas a todos los trabajadores, ya que muchos de los funcionarios son funcionarios de entes públicos y al mismo tiempo figuran en la ANR.
Alarcón advirtió que los trabajadores sindicalizados del partido no van a tolerar que ninguna persona diga que se está cometiendo hechos punibles. “No es cierto que los trabajadores estén usurpando cargos en la administración pública y en el Partido Colorado en el mismo horario”, remarcó. Sostuvo que si fuera esa la situación, la administración del partido ya hubiera hecho la denuncia ante el Ministerio Público y si no lo están haciendo es porque son cómplices.
incoherencia. Alarcón afirmó que el propio Eduardo González trabaja como asesor en Diputados con un salario de G. 6.600.000 y también en el partido con un salario superior a G. 2 millones. “Nos llama poderosamente la atención que el asesor jurídico, por instrucciones del presidente Alliana, no haya tomado las medidas correspondientes como cuando funcionarios específicos como la señora Alicia María del Pilar Moreno Montiel trabaja en el TSJE con salario de G. 5 millones y también trabaja en el partido con otros G. 5 millones”, apuntó.
El abogado agregó que José Ocampos Giménez tiene un salario en Agricultura y Ganadería de cerca de G. 11 millones y otro salario de G. 2 millones en la ANR.
“El asesor jurídico Eduardo González y el presidente Alliana deberían haberse fijado primero en su entorno, a quienes tienen como colaboradores directo de su gestión en el partido. Son estas personas las que se encuentran trabajando en dos instituciones. Esta es una información y datos que están en las planillas de salarios públicos”, sostuvo.
Se ratificó en que la modificación del régimen de horario es una violación de derechos laborales adquiridos de 26 años y transgrede normas de carácter constitucional y se pretende justificar dicha medida con un reglamento interno. La demanda se planteó ante el Ministerio de Trabajo y ante la Justicia.
“El partido se maneja en base a los subsidios electorales y nosotros pretendemos cuidar el dinero público”, indicó González al defender la decisión del partido. Sostuvo que se hizo una primera depuración sacando a 100 funcionarios que no iban a trabajar.
El problema, precisó, es que muchos son funcionarios públicos y en el mismo horario figuran en la ANR. “Siempre se quiso hacer un control. Ahora hay mas exigencia porque hay gente que se iba, marcaba la entrada y después salía del partido”, apuntó.
