El profesional del Derecho Pablo Rojas llegó hasta la redacción de Última Hora para aclarar su situación con respecto a la denuncia de afectados de una supuesta rosca que intentó ejecutar pagarés cancelados y hurtados en Santaní, Departamento de San Pedro.
El abogado explicó que hace dos años un grupo empresarial le pidió judicializar varios pagarés y que él procedió a contactar con cada uno de los acreedores que figuraban en los documentos, constatando que las personas estaban de acuerdo con sus firmas pero no con los montos.
Dijo que ante la duda razonable entonces procedió a devolver los documentos al emisor y no ejecutó ni judicializó ninguno de los pagarés.
Rojas desmintió las acusaciones en su contra y negó todo lo manifestado por los supuestos afectados.
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En una publicación de Última Hora con fecha de 12 de junio pasado, dos personas indicaron que recibieron la llamada de Rojas sobre sus pagarés y que no coincidían las sumas. Una de las víctimas, Fermín Benítez, incluso dijo que el abogado le pidió ir para “negociar” y evitar la judicialización de su pagaré.
Explicó que al haber devuelto los pagarés al grupo empresarial, una de las acreedoras, de nombre Lisandre Escobar, hija de un periodista local, lo denunció por producción de documentos no auténticos. Alegó que la Fiscalía intervino en el caso y que desestimó la causa.
“Tras un año de investigación del Ministerio Público se llegó a la interpretación jurídica de que no existe nexo causal ni hecho punible que pueda guardar relación con mi persona”, indicó.
Tras haberse cerrado dicha causa, Pablo Rojas demandó a Escobar por daño moral.
En su visita a Última Hora, el abogado sostuvo que desde entonces es presionado para retirar la demanda.