07 sept. 2024

Abogado de Imedic adelanta que apelará inédita sanción de Contrataciones

El abogado Andrés Casati criticó la dura sanción que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso a la empresa Insumos Médicos tras la fallida compra de equipos sanitarios. La firma no podrá participar en licitaciones durante 30 meses.

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El allanamiento se da un día después del anuncio del Ministerio de Salud.

Foto: Dardo Ramírez.

Andrés Casati se pronunció este sábado sobre la inédita sanción aplicada a la empresa Imedic SA, durante una comunicación telefónica con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Para la defensa de la firma, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) “no tiene competencia” de aplicar sanciones en el fallido proceso de compra debido a que estas licitaciones se realizaron en el marco de una ley especial de emergencia.

También cuestionó la dureza de la sanción y aseguró que le “extraña la situación atendiendo a que Imedic no tiene antecedentes ni hubo alguna notificación para la firma”.

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Para el abogado de Imedic, la sanción no corresponde debido a que el mismo Estado declaró que no existió daño patrimonial en las compras realizadas por el Ministerio de Salud.

Contrataciones Públicas inhabilitó por dos años y medio a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, salpicadas por irregularidades en el proceso y ejecución de la compra de insumos chinos en el marco de la pandemia del Covid-19.

Esta sanción es la máxima que se haya aplicado –hasta ahora– a una firma proveedora y entrará en vigor desde la incorporación al Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

Las firmas también fueron suspendidas de forma temporal por el Ministerio de Salud, tras el supuesto ingreso irregular de medicamentos adquiridos desde la India.

Los elementos que motivaron la apertura del sumario a ambas firmas hablan de supuestos incumplimientos contractuales, indicios de colusión, falta de presentación de registros sanitarios de los insumos entregados y provisión de documentación a otro oferente del llamado.

La Contraloría General de la República (CGR), en mayo pasado, calificó de “viciado de irregularidades en todas sus etapas” al proceso de adquisición de diferentes productos realizado por Salud, para lo cual fueron adjudicadas las empresas por monto total de unos G. 85.200 millones.

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