En la tarde de este jueves, el Ministerio Público dispuso la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo de trabajo de agentes fiscales a los efectos de investigar la gestión del ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.
El equipo de investigación fue conformado por los fiscales Jorge Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel.
La medida fue dispuesta luego de que el presidente del Consejo del IPS, Jorge Magno Brítez, informara al Ministerio Público sobre supuestas irregularidades dentro del nosocomio durante la gestión de Bataglia.
Sumado a esto, la denuncia realizada por la senadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez el pasado 1 de setiembre, y la nota remitida por la Contraloría General de la República el miércoles 5 de setiembre.
A disposición
Vicente Bataglia, ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS), se puso a disposición del Ministerio Público en la tarde de este martes.
Esto, tras el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que la previsional, bajo su gestión, no pudo presentar documentos respaldatorios de pagos por G. 1 billón (USD 137.268.360 al cambio actual). El informe fue publicado a fines de agosto.
Andrés Casatti, abogado defensor del ex presidente del IPS, afirmó que trabajará con el fin de aclarar cualquier tipo de dudas que existan sobre la administración de su representado.
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“Es una expresión técnica, todos estamos al requerimiento y a disposición del Ministerio Público, pero nosotros con base en las publicaciones, que no se condicen con la realidad, le comunicamos al Ministerio Público una dirección, un nombre, a donde podemos ser notificados ante cualquier determinación y nos convoque”, expresó.
Auditoría en puerta
Desde el Ministerio Público confirmaron que fue remitido a la fiscala adjunta Soledad Machuca la auditoría de la Contraloría General sobre el Instituto de Previsión Social, para que analice si amerita una investigación y si es necesario, se abra una causa penal y se asigne fiscales.
A días de presentarse un informe sobre irregularidades detectadas dentro del IPS, aún no se daba inicio a una causa abierta.
Un grupo de jubilados del IPS también presentó una nota al Ministerio Público, exigiendo que se abra una investigación en contra del ex titular del IPS, Vicente Bataglia, ante numerosas irregularidades. El documento estaba dirigido al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Pedro Halley, miembro de la Unidad de Jubilados del Paraguay (Unjpy), y ex gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), señaló que en el documento solicitaron medidas contra el ex presidente Bataglia, como su prisión preventiva, prohibición de salir del país y el embargo de sus bienes y cuentas.
Los jubilados remarcaron en la nota la necesidad de una apertura de investigación fiscal a partir de los informes presentados por la Contraloría General de la República, que recientemente detectó numerosas irregularidades.
Recuperación de fondos
En otro punto, acotaron que se dicten medidas destinadas a la recuperación de los recursos pertenecientes al Fondo de Enfermedad - Maternidad y/o al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, de propiedad de los aportantes y jubilados del seguro social, que han sido aparentemente desviados de sus fines específicos.
Jorge Brítez, el nuevo titular del IPS, afirmó que la administración de su antecesor, Vicente Bataglia, dejó muchas desprolijidades.
Aseguró que están trabajando en corroborar todo el informe de evaluación que realizó la Contraloría General de la República.
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La administración de Vicente Bataglia cuenta con más de G. 1 billón de gastos sin documentos respaldatorios, según la Contraloría General de la República.
El informe también destaca una llamativa deficiencia en control de obras civiles realizadas, con faltas de documentación y consignaciones erróneas de activos y pasivos, en una subvaluación de deudas y sobrevaluación de bienes.
Obras
- G. 1.122.881.351.987 en 25 obras que contaban con actas de recepción definitivas seguían como obras en ejecución.
- G. 62.033.785.562 en obras del 2003 al 2016 que aparecen como en ejecución y no se conoce si se terminaron o continuaron.
- G. 14.380.316.431 en obras que fueron cargadas dobles como en estado de ejecución.
- G. 1.432.421.473 es la diferencia entre las obras certificadas y realizadas en el Hospital Ingavi.
Bienes perdidos o sin uso
- G. 42.915.782.530 en 9.355 bienes desaparecidos en hospitales.
- G. 4.650.911.591 en bienes no pudieron ser ubicados en las dependencias, donde figuraban según los registros.
- G. 24.142.701.526 de equipos del Cream que no son utilizados.
Deudas
- G. 458.920.482.861 faltan de registro en facturas pendientes de pago.
- USD 270.000.000 es la deuda con el sector farmacéutico arrastrada del 2019 al 2021.
Activo no registrado
- G. 119.891.700.915 en intereses por préstamos de IPS no fueron registrados.
Medicamentos
- G. 1.157.694.787.925 de pagos por medicamentos no tenían respaldo documental.
Combustible
- G. 705.888.769 de consumo de combustibles no tienen rendiciones de cuenta.
- G. 1.059.412.815 de combustible fueron cargados por un solo funcionario.
Contrataciones
- G. 72.320.363.844 en contrataciones de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS se realizaron sin sustento de estimación de precios y sin contar con los fondos.
Red de coima ya suma 20 casos
Miembros de la Gerencia de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que, al menos unos 20 trabajadores de la previsional cayeron en la supuesta red que cobraba para nombramientos en la institución.
Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS, en comunicación con Radio Monumental 1080 AM, acotó que a una enfermera contratada en el Departamento de Enfermería se le ofreció acceder al nombramiento a cambio de un pago de G. 15 millones.
“Recibimos una denuncia de una licenciada en la Enfermería, en la que ella pasó por una situación en la cual, siendo contratada, le solicitaron la suma de G. 15 millones para acceder al nombramiento. 15 a 20 personas se han acercado”, agregó Morínigo.
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Asimismo, refirió que la trabajadora abonó la suma de G. 7.000.000 como primera parte del acuerdo, pero tras el regreso de sus vacaciones, se encontró con que fue eliminada de la nómina y no pudo registrar su entrada.
Seguidamente, ante esta situación, se le solicitó la suma de G. 2.000.000 para volver a ingresarla al sistema.
En otro punto, mencionó que ya se realizaron las denuncias pertinentes a la Fiscalía.
“El IPS no está bien. Tenemos que trabajar para tratar de mejorarlo y este tipo de cosas no podemos permitir más. Hemos tomado la determinación de que todos los casos tienen que ser denunciados directamente ante la Fiscalía”, remarcó.