Fue asignado el fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La jefa comunal es además presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Lleva tres periodos al frente del Municipio, desde el 2005, y su administración despertó varias sospechas luego de que fuera obligada a presentar su ejecución presupuestaria del 2019, y un grupo de concejales reclamara la falta de documentos respaldatorios de los gastos, ya que se encontraron obras que no fueron ejecutadas.
Benítez es pareja del diputado de Honor Colorado, Tomás Éver Rivas, quien operó, según se pudo escuchar en audios a los que accedió Última Hora, para que sea aprobada la ejecución presupuestaria de la intendenta, en la que se encontraron desembolsos de fondos municipales para obras que no existen, como un monolito; reparación de arcos y compra de redes para dos clubes, los cuales desmintieron haber recibido la asistencia; un empedrado, entre otras.
La denuncia fue radicada por lesión de confianza, estafa, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Presionado. En uno de los audios filtrados se escucha a Rivas hablar con su equipo político en Ybycuí, entre ellos concejales, anunciando su posible renuncia a su banca luego de su audiencia (finalmente suspendida a causa de la pandemia), debido a la causa que afronta por estafa y cobro indebido de honorarios, por el caso conocido como caseros de oro. Pedía que resuelvan qué hacer ante la situación ya que su esposa estaría asumiendo en su reemplazo, por ser diputada suplente.
Luego de que Rivas operara fuertemente para evitar que el balance de Benítez sea rechazado, muchos concejales que votaron a favor de una auditoría de la Contraloría, cambiaron de postura y se ausentaron para dejar sin cuórum la sesión, logrando que la ejecución tenga sanción ficta.
Rivas también consiguió dilatar su caso y evitar además ser destituido en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, los denunciantes manifestaron temor de que la intendenta termine impune, teniendo en cuenta el poder del legislador y el nexo del cartismo con la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez. De hecho, la investigación fue abierta solo después de las publicaciones de Última Hora.
1.210
millones de guaraníes fue el patrimonio declarado por Benítez en 2016; en 2018 se redujo a G. 625 millones.
