Cuatro personas quedaron absueltas, luego de estar procesadas por supuestamente causar un perjuicio de más de G. 2.000 millones al Ministerio Público en el pago de pólizas de seguro falsificadas, que eran para la construcción de la sede fiscal de Encarnación. El tribunal determinó que ninguna de ellas tuvo responsabilidad.
Los jueces Yolanda Morel, Elsa García y Víctor Alfieri decidieron la absolución de estos tres ex directores: Ángel Ramón Silva Balcázar, ex jefe del Departamento de Contratos de la Fiscalía; Guido Francisco Burgos, entonces director de Administración y Finanzas, y Adalberto Benítez Aguilera, ex director de Obras y Proyectos del Ministerio Público.
También fue absuelto Rodrigo Ojeda Giménez, quien no era funcionario, pero sí jefe de cesión de una de las firmas aseguradoras.
EL CASO. El tribunal determinó que en diciembre del 2012, el Consorcio Baumann y Beta SA fue adjudicado para la construcción de la sede regional del Ministerio Público en Encarnación, estando obligado a presentar garantías bancarias o pólizas.
Estas pólizas finalmente fueron emitidas por la empresa El Comercio Paraguayo SA de Seguros Generales.
En diciembre del 2016, la Fiscalía solicitó en varias ocasiones se amplíen las garantías porque las pólizas iban a vencer y no tuvo respuesta. Después, finalmente, la empresa aseguradora dijo que no iba a extender las pólizas.
Y acá entra una persona que sí tuvo responsabilidad –según el tribunal–. Se trata de Víctor Alejo Ramírez, quien se presentó en Fiscalía como representante del consorcio, confirmando que se iban a renovar las garantías, pero con otra empresa.
Se entregaron cuatro supuestas pólizas y finalmente autorizaron los desembolsos. Es así que la Fiscalía transfirió primeramente más de G. 1.220 millones –en octubre del 2017– y luego de un mes, la segunda parte, unos G. 830 millones más.
El señor Ángel Silva fue el que recibió esas pólizas, pero desconocía su falsedad. Luego el ex director de Finanzas autorizó los desembolsos, pero los jueces determinaron que estos fueron inducidos a error.
El tribunal concluyó que “si bien existió un perjuicio patrimonial para el Ministerio Público, y que concretamente consistió en el anticipo financiero percibido por la contratista… se comprobó que dichos certificados se expidieron y por tanto no puede concluirse que su pago haya generado perjuicio, pues constituyen prueba de que la institución recibió un servicio a cambio”.
CRÍTICAS. Por otra parte, los jueces confirmaron que hubo “serias deficiencias” por parte de los fiscales anteriores que llevaron el caso.
Responsabilidad del consorcio
Lo que se comprobó en este juicio fue un hecho que no estaba entre las acusaciones, que es el uso de documentos de contenido falso. El responsable es Víctor Alejo Ramírez Parquet, uno de los administradores del consorcio Baumann y Beta SA.
Tanto él como su hijo habían sido declarados rebeldes en esta causa.
El tribunal dictó que Víctor Ramírez fue el que presentó las pólizas falsas, usando el nombre de la aseguradora, y que utilizó estas para tener un beneficio económico.
