En sesión extraordinaria y con 42 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, el mismo texto aprobado 24 horas antes por el Senado.
La situación bien puede ser calificada como inaudita. Es probable que nunca antes en la historia, al menos en las últimas tres décadas de democracia, un Parlamento haya aprobado un proyecto expeditivamente, sin discusión alguna.
Sin debate, sin diálogo y en forma prepotente los colorados hicieron valer una mayoría de forma descarada y autocrática.
Primero fue en el Senado, donde 25 legisladores dieron cuórum, entre ellos se encontraban 18 colorados, 3 ex de Cruzada Nacional y 4 liberales. 24 horas después, se repitió el mismo rito cuando 42 diputados aprobaron en apenas 11 minutos el proyecto de ley de Superintendencia.
Ciertamente, la mayoría implica ventajas para el partido que la ostenta. Sin embargo, esto no significa que una mayoría, como que la que actualmente tiene el partido colorado, pueda gobernar ignorando las opiniones de la oposición parlamentaria y menos todavía la voz de los electores que en las calles expresaron claramente sus cuestionamientos al proyecto, en medio incluso de una feroz represión policial. Eso no es Democracia.
La iniciativa ya fue sancionada y pasará al Ejecutivo, donde el presidente de la República, Santiago Peña, tiene la opción de promulgar o vetar, aunque el mandatario ya había dejado claro que no retrocederá en su intención de crear una superintendencia.
De hecho, una frase de Peña es precisamente la representación del actual conflicto: “El Gobierno no quiere tocar los fondos del IPS. Queremos cuidar el dinero de la gente, que ahora nadie lo está cuidando”, aseguró. Si bien es cierto que él cuenta con un cómodo capital gubernativo, debido a los errores propios y ajenos en estos 120 días de gobierno, a pesar de su mayoría parlamentaria y a la justicia de su lado, carece por completo de credibilidad.
Lamentablemente, ni Santiago Peña ni los diputados y senadores colorados cartistas pusieron atención a la carta leída por el obispo de Caacupé en la celebración de la Virgen. Dirigiéndose especialmente a las autoridades recientemente electas, dijo: “La ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes; pues, pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples pérdidas, les ha renovado el contrato”. Monseñor Ricardo Valenzuela les advirtió que el pueblo paraguayo es noble y generoso que cree en las promesas electorales; que es paciente y sufrido; pero también alertó: “No es prudente abusar de la confianza depositada en ustedes”.
Con prepotencia y arrogancia, el cartismo en el Congreso clausuró el debate y con ello, impuso su exclusiva opinión por encima de los demás. Con el mismo procedimiento con el que lograron pergeñar la aprobación del proyecto de ley de la superintendencia; con alevosía y en un par de minutos aprobaron otro polémico proyecto de devolución premiada que es un “premio” para políticos corruptos. Luego, en la otra cámara, los senadores cartistas y aliados rechazaron el pedido de pérdida de investidura contra Hernán Rivas, acusado de engañar al Congreso Nacional con un título de abogado “falso”.
Para los coloradocartistas el miércoles, 13 de diciembre del 2023 será visto como un día de grandes logros. Si piensan eso es nada más porque insisten en un torpe intento de atropellar todo con la excusa de su mayoría. Les ciega una estúpida arrogancia, pues lo que en verdad hicieron es dinamitar el capital político de su presidente y de su partido, agitaron el avispero e hicieron enojar al sufrido pueblo paraguayo.
