Recientemente el desborde del río Pilcomayo ha puesto en peligro a la comunidad de Pozo Hondo, en el Departamento de Boquerón. Los pobladores fueron levantando muros de tierra para intentar parar el avance del agua y, pese a los esfuerzos, por lo menos 450 familias deben ser evacuadas por el riesgo de inundación. Como respuesta, la Junta Departamental declaró emergencia departamental para disponer de los recursos. Esta es, lamentablemente, una situación que se repite con frecuencia en el abandonado Chaco.
Es el caso de la comunidad de Pozo Hondo, en el Departamento de Boquerón; los pobladores levantaron muros de tierra para contrarrestar el avance del agua. Unas 450 familias deberán ser evacuadas allí y en otras localidades.
La situación es sin duda crítica, ya que los pobladores deben pasar noches enteras intentando desviar el caudal de agua para evitar que arrase con la comunidad. Aquí se corre el peligro de quedar completamente aislada, pues el agua ya inundó campos y accesos. Según un poblador de esta comunidad de 150 familias, la gran preocupación es la falta de caminos alternativos para salir de la zona, y queda la única opción de rescate aéreo con helicópteros, si la situación se agrava.
Otras 300 familias de tres comunidades se encuentran en peligro: Pedro P. Peña, Mistolar y Mayor Gardel, donde están prácticamente acorraladas. Los vecinos reclaman la necesidad de maquinaria para ayudarlos a reforzar los muros de contención, pues hacerlo a mano es muy lento mientras el agua sigue subiendo.
La crecida, causada por las lluvias que se registran en Bolivia desde el pasado noviembre, afecta también a comunidades lejanas, como Karandayty, en el distrito de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay. En esta zona, la subida del agua ha cortado la ruta que conecta con otras poblaciones, dejando a más de 40 familias en situación de necesidad. Actualmente, la ruta es impracticable y la única forma de transitar por ella es, por el momento, a caballo.
El aislamiento de estas familias las deja no solamente a la intemperie, incomunicadas, sin acceso a salud, sino también expuestas a diversos tipos de peligros, como la exposición a peligrosas alimañas, como venenosas víboras. Al mismo tiempo, se están quedando sin alimentos y medicamentos. Los pobladores se dedican a la pequeña ganadería, y trabajan como peones de estancias y los niños, cuando pueden, acuden a una escuelita instalada en una precaria casa particular.
Como estas comunidades hay centenares distribuidas en todo el Chaco paraguayo que son paraguayos que desde hace décadas son postergados por el Gobierno central, por los municipios y las gobernaciones. Mientras se acumulan las necesidades viven periódicamente una nueva emergencia, y la respuesta de las autoridades y los funcionarios siempre es la misma: La declaración de emergencia, pero nunca se perfila una solución definitiva del problema.
Lamentablemente, en la Región Occidental del país las situaciones de emergencia se suceden como el paso de las estaciones. Como había dicho hace un par de años el sacerdote Cristóbal Acosta, de la localidad de Teniente Manuel Irala Fernández, en el Departamento de Presidente Hayes: “Vivimos situación de emergencia prácticamente cada año. Si no es sequía, es inundación”.
El abandono a los pobladores del Chaco es ya insostenible. El Gobierno debería implementar planes y políticas que les aseguren a estas personas el bienestar y la calidad de vida a los que tienen derecho.
Las familias sobreviven en medio de necesidades, sin atención a su salud, sin posibilidades de educación para los niños y jóvenes; estos compatriotas tienen derecho a una buena alimentación, acceso al agua potable, energía eléctrica o insumos sanitarios básicos. La ausencia del Estado no se puede disimular con apuradas declaraciones de emergencia que terminan siendo soluciones coyunturales.
